Alarmado y preocupado. Así se fue de Norte de Santander el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, por la radiografía que conoció sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el Catatumbo.
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El delegado del organismo internacional estuvo entre el 5 y el 7 de mayo de visita en el departamento y en su recorrido por el municipio de Tibú, recibió información sobre el considerable aumento de menores vinculados a la guerra por parte de los grupos armados que hacen presencia en esta zona.
“Me conmovieron profundamente los testimonios en el Catatumbo sobre el uso de las redes sociales, como TikTok y Facebook, para reclutar, engañar y persuadir a los niños, a las niñas y a los adolescentes más vulnerables para que se unan a la guerra, comprometiendo a una futura generación de colombianos, prolongando y acentuando la crueldad del conflicto armado”, manifestó Campbell.
Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en lo que va corrido del 2025, en el Catatumbo se ha verificado el reclutamiento, uso y utilización de 36 niñas, niños y adolescentes. Uno de los datos que llama la atención es que 23% de estos casos corresponde a niños migrantes.
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No obstante, el organismo asegura que ha recibido información de otras fuentes que indica que este año el reclutamiento de menores de 18 años ascendería, en realidad, a más de 70 casos.

“El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años es un crimen perpetrado por parte de los grupos armados no estatales. Nosotros condenamos este crimen y urgimos a que estos grupos se abstengan de reclutar niños y niñas y a que liberen de inmediato a aquellos que tengan en su poder”, expresó el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Insistió en que el auge de las plataformas digitales y las redes sociales está facilitando esta práctica, y por esa razón llamó la atención del Estado para que tomen acciones que contribuyan a ponerle freno a este delito, pues es una obligación proteger a los más indefensos.
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La semana pasada, durante la presentación del informe ‘El Catatumbo en crisis’, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre la persistencia del reclutamiento en esta subregión y reportó que 42 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados de grupos armados al margen de la ley, entre enero y febrero de este año.
Según la entidad, durante el 2024 se registraron en el país 463 casos, de los cuales 10 fueron en Norte de Santander, lo que confirma la preocupación y alerta que está haciendo Naciones Unidas, ante el notable incremento de este hecho victimizantes entre el año pasado y lo que va del 2025.
De ahí que la defensora del Pueblo, Iris Marín, le recomendó al Gobierno nacional y a los territoriales, implementar medidas de protección y prevención frente al reclutamiento, delito que también está afectando a los jóvenes indígenas.
El Ministerio de Defensa señaló que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro han sido desvinculados de los grupos armados 661 menores de edad.
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El año en el que más niños, niñas y adolescentes han sido recuperados fue el 2024, con 259 casos. En 2023 fueron rescatados 219, en 2022, 154, y en los primeros meses del 2025, 138.
Violencia sexual
Después de su visita a Tibú, en la que escuchó a defensores de derechos humanos, líderes sociales y campesinos, víctimas, autoridades indígenas del pueblo barí, al igual que autoridades civiles y militares, Scott Campbell también alertó sobre otro hecho que pidió ser atendido cuanto antes.
Este tiene que ver con los reportes que presentó la Defensoría del Pueblo sobre los casos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas del Catatumbo.
“La Defensoría del Pueblo documentó, al menos, 56 casos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas, de los cuales el 64% corresponde a sobrevivientes migrantes, y nuestra oficina ha verificado 7 casos emblemáticos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas”, mencionó el delegado de la ONU para los Derechos Humanos.

Dijo que uno de los fenómenos más preocupantes identificados por el organismo internacional es la violencia, el señalamiento y la estigmatización de mujeres acusadas de ser “colaboradoras” de los grupos armados, lo cual las expone a agresiones físicas, psicológicas y sociales.
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“También, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, se han difundido fotografías, listas con nombres, direcciones y otros datos personales, en los que se les acusa de tener vínculos con dichos grupos y se les amenaza”, advierte Naciones Unidas.
Por esa razón, sugieren que es fundamental que la Fiscalía General de la Nación avance con las investigaciones tanto en los casos de reclutamiento de menores de 18 años, como en los de las agresiones a las mujeres del Catatumbo.
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