A dos debates de ser una realidad quedó el proyecto de reforma que busca fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios del país, permitiendo que puedan contar con mayores transferencias y no tengan que depender tanto del nivel central para su gestión y ejecución.

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Pese a las voces en contra que tiene la iniciativa, especialmente en el Centro Democrático y Cambio Radical, desde donde insisten en que su aprobación podría generar un mayor déficit fiscal y poner en riesgo “rubros de indeclinable ejecución” por parte del Gobierno Nacional, la propuesta recibió finalmente el voto de confianza de 75 senadores de los diferentes partidos.

Uno de los que más celebró su aprobación fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, abanderado de la reforma, como quiera que siendo director del partido En Marcha y en consenso con otras colectividades fue el encargado de presentar el acto legislativo al Congreso, en febrero pasado.

“Hoy este Senado ha dado un paso adelante para acabar este centralismo que tanto daño le ha hecho al país”, manifestó Cristo.

El ahora jefe de la cartera política explicó que lo que esta reforma a la Constitución, y particularmente a los artículos 356 y 357, busca, es impulsar una redistribución de competencias entre la Nación y los territorios, para otorgar mayores responsabilidades a las entidades territoriales.

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Esto quiere decir que, además de recibir más recursos, los departamentos y municipios se encargarán de fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de los programas y proyectos.

“Es un paso hacia el cierre de las brechas regionales y una oportunidad para corregir desequilibrios entre Bogotá y las regiones.  Este proyecto le abre una puerta de esperanza a las regiones, que es donde más se necesitan los recursos para luchar contra la pobreza, el atraso, al darle un voto de confianza a la autonomía y a la descentralización”, consideró Cristo.

En febrero pasado, cuando se radicó el proyecto ante el Legislativo, el entonces director del partido En Marcha explicó que actualmente el nivel central se queda con el 80% de los impuestos que pagan los colombianos y solo el 20% se distribuye en las regiones, “condenando a alcaldes y gobernadores a ser limosneros del gobierno central”.

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Por eso, la propuesta era regresar a la fórmula que planteó en un principio la Constitución Política de 1991, donde quedó consignado un nuevo régimen de transferencias para fortalecer la descentralización, en el cual la participación de departamentos y municipios debía ir creciendo de manera gradual hasta llegar al 46,5%.

Pero como el proyecto generó tanto debate y fue necesario llegar a algunos consensos para su aprobación, la plenaria del Senado, en su sexto debate, acordó que el porcentaje de las transferencias del Sistema General de Participaciones sería del 39,5%, de forma gradual, y la transición no será de 10 años como se sugirió inicialmente, sino de 12 años.

Durante la discusión del proyecto se hizo énfasis en que los recursos del SGP de los departamentos, distritos y municipios se destinarían a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad a la salud, educación, servicios públicos domiciliarios, y la construcción de infraestructura vial, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población en condición de vulnerabilidad.

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El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, ponente del proyecto de acto legislativo, fue claro en que para hacer efectiva la reforma y el crecimiento de las transferencias a las regiones, es indiscutible que antes se tramite una ley de competencias, para evitar que los millonarios giros a municipios y departamentos caigan en el vacío y el libre albedrío de los mandatarios locales y regionales, “de tal manera que, a mayor disposición de dineros, crezcan las responsabilidades de los mismos”.

Mesa de concertación

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que a la par que se termina de tramitar la iniciativa en los dos debates que le restan en la Cámara de Representantes, el propósito del Gobierno es avanzar en una mesa de concertación en la que puedan tener asiento los Ministerios del Interior y de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, gobernadores, alcaldes, expertos, académicos y la cooperación internacional de países que han avanzado en estos procesos.

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“No vamos a cometer aquí la equivocación que cometieron muchos exministros que hoy están en contra de este acto legislativo a la inversa: que le transfirieron durante 20 años competencias a departamentos y municipios sin los recursos. Ahora lo que no podemos es transferir recursos sin competencias y ese será el gran debate en el Congreso”, señaló Cristo.

Precisamente, uno de los exministros que ha cuestionado el proyecto de reforma es Mauricio Cárdenas, quien ha insistido en que si la reforma al Sistema General de Participaciones es aprobada como se presentó, la calificación de riesgo de Colombia se puede ver afectada.

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