Al término de la pasada legislatura, mientras los ojos estaban puestos en la aprobación a contrarreloj de la reforma laboral y la conciliación de la pensional -dos de los proyectos bandera del Gobierno-, otra ley que pasó más bien inadvertida recibió luz verde en el Congreso.
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Se trata de una iniciativa que establece nuevas reglas de juego para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas y electorales, y de la cual son autores congresistas de casi todos los partidos.
La nueva norma, a la que solo le resta la firma del presidente de la República para que sea una realidad, tomó por sorpresa a las firmas encuestadoras que desde el año pasado vienen sondeando el escenario electoral, de cara a la nueva contienda presidencial de 2026.
Y es que uno de los artículos claves que fue aprobado es el que limita el tiempo para la realización de encuestas de intención de voto y señala que en adelante solo se podrán hacer máximo tres meses antes del primer día de inscripción de candidaturas.
Los otros tipos de encuestas o sondeos de favorabilidad y reconocimiento, en cambio, no tendrán que cumplir esta misma condición.
La nueva ley fija, igualmente, que para los estudios políticos y electorales que se hagan a nivel nacional deben incluirse todas las ciudades con más de 800.000 habitantes o la ciudad más grande de cada región (si no hay de ese tamaño) y un subconjunto de municipios, grandes, pequeños y medianos de todas las regiones del país.
En las encuestas departamentales, las firmas encuestadoras tendrán que incluir la capital y al menos el 20% de los municipios.
De la misma forma, a partir de su entrada en vigencia, la ley establece que las encuestas de intención de voto para cargos uninominales que se realicen después de la inscripción de candidaturas tienen que sondear a todos los aspirantes inscritos.
Entre tanto, todas las encuestas de opinión pública de carácter nacional tendrán que ser auditadas por el CNE, mientras que las encuestas del nivel territorial serán auditadas aleatoriamente.
Una novedad más que incluye la ley es que la creación de una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre opinión política y electoral.
Esta instancia estará integrada por cinco expertos postulados por las universidades que oferten programas de estadística acreditados de alta calidad y serán elegidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“No podrán pertenecer a la Comisión las personas que hayan tenido vínculos laborales o contractuales con personas naturales o jurídicas que realicen encuestas o investigación cuantitativa o cualitativa en política, con medios de comunicación, partidos políticos, movimientos y/o grupos significativos de ciudadanos que hayan participado o estén participando en investigaciones relacionadas directa o indirectamente con el debate electoral durante los dos años anteriores a la fecha de las elecciones”, dice la ley.
En el articulado también se fija una prohibición a las firmas encuestadoras, sus socios o directivos, de hacer aportes a las campañas políticas que estén en competencia.
Los puntos a favor
Ante el revuelo que ha causado esta nueva norma en el país, por la manera como se tramitó y el poco conocimiento público que había de la misma, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un análisis detallado de su contenido y sustentó los pros y contras de la iniciativa.
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Para la veeduría electoral, uno de los aspectos a resaltar de la ley de encuestas es la creación de la Comisión Técnica de Vigilancia, por cuanto operará bajo la órbita del CNE.
De la misma forma, considera que la regulación que aprobó el Congreso es un avance significativo para los procesos electorales, por cuanto las normas que rigen hoy las encuestas tienen por lo menos 30 años de vigencia.
La MOE también destaca como uno de los puntos a favor, la limitación del tiempo para la publicación de estudios de intención de voto.
“Este límite tiene sentido dentro de nuestro sistema, ya que el legislador ha establecido este mismo tipo de restricciones para todas las etapas del proceso electoral, buscando que la campaña electoral esté delimitada y no sea permanente. Esto también podría limitar el uso de estos mecanismos para posicionar determinados nombres de manera anticipada”, plantea la Misión de Observación.
Aspectos en contra
Entre los reparos que hace la MOE sobre el trámite y aprobación de la nueva ley de encuestas, señala que esta fue tramitada en Cámara como ley ordinaria, pero incluye disposiciones que podrían ser consideradas estatutarias, razón por la cual, muy seguramente, será demandada ante la Corte Constitucional.
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De la misma forma, alerta que, debido a que el proyecto aumenta la planta del CNE, existe el riesgo de que los comisionados o sus supernumerarios puedan usarse como cuotas burocráticas.
Para la MOE, también “es una lástima” que en el texto final de la norma se haya retirado la posibilidad de constituir veedurías para hacer control ciudadano a la selección de la Comisión Técnica y de Vigilancia.
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