La fiscal tercera especializada, Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra el hijo del Presidente, Nicolás Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, denunció formalmente presiones indebidas e irregularidades en el proceso, a través de una carta de cuatro páginas enviada hoy a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero.
En la misiva, la fiscal Laborde manifestó su preocupación por la asignación de un fiscal de apoyo, ordenada mediante la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025 y proferida por la Delegada para las Finanzas Criminales. Según Laborde, esta decisión "no guarda relación alguna con las necesidades del despacho", pues el proceso contra Petro se ha adelantado de manera íntegra y sin contratiempos por su parte.
La funcionaria judicial, con más de 20 años de trayectoria en la Fiscalía, subrayó que no ha solicitado aplazamiento alguno en el caso, a diferencia de la defensa, que lo ha hecho en diez ocasiones. "Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso", señaló en el documento.
Además, agregó que el caso tiene un "soporte probatorio muy fuerte" y no requiere "apoyo, asesoría ni orientación en dicho aspecto". Por lo tanto, consideró que no se evidencia una situación que amerite la designación para hacer efectivos los principios de celeridad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, como argumenta la resolución.
La fiscal Laborde calificó como llamativo que la designación del apoyo se produzca después de un año de haber afrontado "sola la carga de un proceso mediático, priorizado y de alto impacto". Explicó que la medida coincide "con el momento exacto" en que, en cumplimiento de una orden judicial, solicitó una audiencia para una nueva imputación contra Nicolás Petro por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento e interés indebido en la celebración de contratos.
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En la carta, la fiscal recordó que durante el último año adelantó el proceso sin el apoyo que ahora le asignan e incluso con dificultades logísticas, como la falta de una oficina adecuada y un asistente. También denunció que el grupo de investigadores que la apoyaba fue reubicado a otras dependencias donde no cumplen labores de policía judicial.
Otro de los hechos que generó alerta en la fiscal Laborde fue una reunión a la que fue convocada de manera "sorpresiva" el pasado jueves 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Según relató, en dicha reunión careció de información previa sobre el tema a tratar y se le solicitó "intempestivamente" que informara sobre los hechos de la nueva investigación contra Petro Burgos, con el argumento de conectar el caso con una compulsa de copias relacionada con la Fundación Conciencia Social.
La fiscal concluyó que en dicho escenario "se abordaron aspectos ajenos a la investigación, lo cual genera incertidumbre sobre el objetivo de tales reuniones", especialmente cuando ya existe una fecha programada para la audiencia de imputación contra el hijo del Jefe de Estado.
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