El miércoles, tan pronto se conoció el sentido de la ponencia en la que dos magistrados del CNE formalizan la imputación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, por la presunta violación de los topes electorales, el jefe de Estado volvió a activar las alertas y además de hablar de una ruptura institucional, insistió en su teoría del ‘golpe blando’.

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Con una mayor vehemencia que en otras oportunidades cuando se han anunciado decisiones relacionadas con su gobierno, Petro invitó a todas las instancias del Pacto Histórico a una reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse “contra el intento de irrespetar el voto popular”.

El mandatario, incluso, fue más allá y de frente llamó a los progresistas que están fuera del país a “iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de estado en Colombia”.

Lo dicho por el presidente suscitó de inmediato muchas preguntas sobre el verdadero alcance que pueda tener una investigación como la que adelanta el Consejo Nacional Electoral y si es en realidad posible que los colombianos estén frente a una eventual destitución de un jefe de Estado.

Al respecto, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, recordó que el CNE es la entidad encargada de fiscalizar las cuentas y la financiación de las campañas políticas, y lo puede hacer en cualquier tiempo, pero su competencia es únicamente administrativa, con sanciones de ese mismo tipo.

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“(...) en caso de que se encuentre que haya violación de topes en la campaña triunfadora, eso conllevaría la pérdida de investidura o del cargo, sea el caso. Si es el presidente, lo debe decretar la Comisión de Acusación, en un juicio político de indignidad”, señaló.

Charry, sin embargo, recordó que esta no es la primera vez que a un presidente le hacen seguimiento a las cuentas de su campaña y  dijo que recientemente eso ya lo afrontaron Juan Manuel Santos (Odebrecht) e Iván Duque (Ñeñepolítica). El expresidente Ernesto Samper sí alcanzó a ser juzgado políticamente en el Congreso por el llamado ‘Proceso 8.000’, pero no fue separado del cargo.

“Generalmente, los gobernantes creen que se deben defender políticamente de los procesos jurídicos y me parece que en esto se equivoca el presidente, pues además plantea una confrontación y una división, cuando apenas lo que están pidiendo es explicaciones”, manifestó el analista.

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El senador y exconstituyente Humberto de la Calle Lombana también fue claro en que la idea en la que insiste Gustavo Petro de un golpe blando “no tiene asidero”.

“Lo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo es investigar una campaña y todas las campañas pueden ser investigadas, no puede haber alguna que no pueda ser objeto de este trámite. Además, no olvidemos que esta es una ponencia, esto no lo ha resuelto el CNE.  Si hay un comprometimiento, sí tiene que ir a la Comisión de Acusaciones”, explicó De la Calle.

Un largo camino

La Constitución Política de Colombia es clara en que el único que puede adelantar una investigación a un aforado como el presidente de la República es el Congreso de la República. Allí se deben dar tres etapas para un eventual juicio al mandatario.

Lo primero es que la Comisión de Acusaciones, en la Cámara de Representantes, aborde la investigación.

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A mayo de 2024 se han radicado más de 10 demandas en contra del presidente, entre ellas al menos tres por la violación en los topes de la financiación. Esa célula legislativa precisamente integró un triunvirato conformado por los representantes Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambos del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, para que investiguen al mandatario en particular por las denuncias de su presunto conocimiento de la violación de los topes de campaña.

En este momento los tres congresistas se encuentran en la etapa de conseguir mayor información, como también escuchando a las diferentes personas que han sido citadas en esas denuncias, como el responsable de la recepción de los dineros, el gerente Ricardo Roa y posibles financiadores como Samuel Santander Lopesierra y Euclides Torres, entre otros.

Los representantes investigadores aún no tienen una fecha concreta y tampoco se les impone, para presentar una ponencia sobre el caso. Lo único claro es que ellos recogerán en un solo proceso todas esas denuncias que se han presentado contra Petro en el caso de la financiación de campaña.

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Si se da ese paso, cuando presenten la ponencia, dicha Comisión se tomará también un tiempo indefinido para decidir si encuentra que el jefe de Estado puede ser objeto de un juicio político o no. De concluir que así lo sea, la Comisión de Acusaciones deberá, entonces,  formular esas consideraciones a la plenaria de la Cámara, la cual decidirá si es procedente la petición.

Si la plenaria así lo decidiera, el proceso pasa a la plenaria del Senado, en donde se cumpliría el llamado juicio político en el que, de llegar a encontrar que Petro sí es culpable, se le declararía indigno y ya sería la Corte Suprema la encargada de investigarlo por delitos penales.

Sin embargo, todo este proceso podría tomarse más de dos años.

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