El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez, respaldó al Consejo de Estado, tras la decisión del Gobierno de establecer que las tutelas que se interpongan contra el presidente, Gustavo Petro, ya no tendrán como destino preferente ese alto tribunal.
"La separación de poderes no es una expresión decorativa sino que es necesaria para garantizar la democracia y el respeto de los derechos de todos los colombianos. Hoy queremos llamar la atención sobre el papel que ha cumplido el Consejo de Estado en esa materia", dijo desde Rionegro, Antioquia, donde se lleva a cabo una nueva edición de los Foros Regionales “Una Justicia Para la Gente".
Ese llamado se suma al que hizo hace algunos días la Corporación Excelencia en la Justicia que expresó su preocupación de que ese decreto haya sido publicado por el Ministerio de Justicia, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión que buscaba convocar a una Consulta Popular.
"Esta coincidencia sólo puede interpretarse como una clara retaliación del Gobierno nacional en contra de la más alta corte de la jurisdicción contencioso administrativa, lo que pone en riesgo principios fundamentales como la independencia y la autonomía de la rama judicial, todos ellos indispensables para la vida democrática de la sociedad colombiana", recalcó la Corporación.
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Sobre el tema también se pronunció el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, quien aseguró que la decisión del Gobierno no va en la dirección correcta.
"Creo que desarticular el reparto de la tutelas sin ninguna consideración objetiva, proporcional y razonable lo que deja la sensación es en que se quiere generar una tensión adicional al clima que se vive con las cortes", afirmó Álvarez, en declaraciones a W Radio.
El magistrado argumentó que el decreto "no contribuye ni fortalecer el entendimiento que debe haber de colaboración armónica entre el Ejecutivo ni las altas cortes" y como decisión no ayuda a la descongestión judicial.
La norma expedida por el Gobierno modificó y redefinió las reglas para el reparto de acciones de tutelas contra el Jefe de Estado y las que están relacionadas con la seguridad nacional, que serán en adelante conocidas por jueces del circuito, lo que en el papel le quitó al Consejo de Estado esa preponderancia.
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