El Catatumbo, de un tiempo para acá, se ha convertido en un laboratorio relacionado con la violencia, los asuntos sociales y también políticos.

Todo lo que ocurre o deja de suceder allá tiene sus efectos en la vida nacional, porque ese microcosmos nos muestra las debilidades, improvisaciones y equivocaciones en el manejo de la situación.

Ahí tenemos, por ejemplo, una muestra de que habría debilidades y poco conocimiento en el equipo jurídico de la Presidencia de la República para la elaboración de los decretos del Estado de Conmoción Interior, poniendo en riesgo su vigencia porque por esos vicios de forma es probable que por lo menos uno de ellos se caiga.

Se trata del Decreto 135 del 5 de febrero de 2025, que está tambaleando porque se detectaron inconsistencias en varias de las firmas de los ministros que lo emitieron.

Lo peor del caso es que esa novatada, como se le ha denominado, podría conllevar a graves problemas de recursos para atender la peor crisis humanitaria que estalló con la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.

La Corte Constitucional, en donde se encuentra ese y los demás actos administrativos emitidos al amparo de la Conmoción Interior, será la encargada de dictaminar si es posible hacerle algún ajuste o lo terminará declarando inexequible, con delicados efectos para Norte de Santander.

Resulta increíble que unos actos administrativos tan trascendentales, como ese relativo al destino de recursos del presupuesto para atender la crisis, parezcan hechos a las carreras y sin el cumplimiento de las mínimas reglas administrativas y jurisprudenciales.

De nada valen los discursos y los pedidos al alto tribunal para que aporte su cuota a la atención de la emergencia, si es el propio gobierno, con  ese error, el que prácticamente deja al borde de la desfinanciación la catástrofe humanitaria.

Deben el presidente Gustavo Petro y su equipo jurídico asumir, por un lado, la responsabilidad de esa salida en falso y adelantar las gestiones para intentar subsanarla y evitar que la situación empeore.

Vemos entonces cómo el Catatumbo sirve en estos momentos para desnudar esas inconsistencias a la hora de gobernar con dicho estado de excepción, lo cual genera decepción entre la comunidad.

Ojalá que la Corte Constitucional actúe desde el Estado Social de Derecho, pero, eso sí, con una reprimenda jurídica para que no se vuelvan a repetir hechos como el advertido.

Además, dentro de todo lo que nos enseña el Catatumbo, ahora entra en el campo de la ‘Paz Total’, con la Zona de Ubicación Temporal del 33 frente de la disidencia de las Farc, que sigue generando expectativas y muchas preguntas.

La elaboración de la lista de quienes irán hacia ese territorio en una vereda de Tibú requiere verificación, ojalá internacional, porque, ¿quién garantiza que ahí no se cuelen narcos o miembros de bandas?

¿Cuántos combatientes son?, porque eso no puede dejarse abierto para que lleguen y lleguen sin control alguno.

Para ganar la confianza ciudadana, al Gobierno nacional le corresponde hablar con hechos concretos de que esa no será una zona de despeje o de distensión como la del Caguán (Caquetá), en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.

Confiemos en que este experimento logre los objetivos, aunque persisten las dudas sobre el armamento que llevarán los disidentes, las garantías para la Fuerza Pública de que no será atacada y la plena certeza de que la zona no será usada para cometer delitos o fortalecerse militar y territorialmente.

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