En vez de escribir que el conflicto armado conduce hacia la especialización de los combatientes para que ahora peleen una guerra apoyados por la tecnología, deberíamos estar hablando de los resultados generados por el adecuado uso de los avances científicos.

Lastimosamente eso no es así y debemos centrarnos en advertir los peligros que implica que grupos armados ilegales adquieran esas capacidades para lanzar sus ataques contra la Fuerza Pública, la población civil o sus enemigos en la disputa territorial y de control de las economías ilegales.

De esto no podemos sustraernos los nortesantandereanos porque la grave crisis de violencia y humanitaria del Catatumbo llevó a que esa ‘guerra del futuro’ tenga entre sus escenarios a este territorio, hoy con los drones  armados con explosivos que desde el cielo arrojan sus cargas letales.

El trabajo periodístico de La Opinión sobre este nuevo frente de batalla y los datos que consigna un informe de Indepaz, muestran que la región ha entrado en una etapa del conflicto armado teledirigido y manejado con elementos más parecidos a las luchas que se libran en videojuegos pero con víctimas seleccionadas y explosivos reales cuya llegada apenas es avisada por el zumbido de los equipos que se encargan de ejecutar ese nuevo tipo de ataques.

Esa fatídica especialización -en desarrollo de una guerra cada vez más tecnológica, fragmentada y controladora- lleva el sello de algo que debe preocupar, que las organizaciones armadas ilegales pueden estar optando por preferir el poderío y afinamiento de sus estrategias guerreristas, antes que apostarle a la paz.

En ese sentido, lo anunciado de que Colombia contará con el Batallón Antidrones de que los militares empiezan a ser entrenados en ese nuevo escenario y de que ha empezado el uso de armas contra los drones y otros sistemas específicos para neutralizar, detectar y afectar esas operaciones terroristas desde el aire.

Hay mucho por hacer para ganar la pelea en un campo donde ahora surge otra clase de reclutamiento, también forzado y amenazante, de personas que son especialistas en maniobrar los drones y con conocimientos  tecnológicos para hacerlos más letales.

Que el conflicto armado colombiano tenga esa nueva potencialidad y configuración en elementos de su arsenal es algo que debe mantener encendidas las alarmas y las alertas, porque la violencia va a alcanzar niveles insospechados.

No podemos seguir contando víctimas y ahora caracterizándolas dentro de otro sistema  de ataque. Es urgente una anticipación tecnológica y de inteligencia para descubrir y desbaratar esas unidades que utilizan vehículos aéreos no tripulados acondicionados con cargas explosivas o granadas.

Es evidente que las acciones tienen que ser contundentes teniendo en cuenta por ejemplo lo señalado en el informe de Indepaz, en el sentido de que “los grupos armados con mayor poder económico han comenzado a experimentar con el uso de drones, financiando no solo su adquisición, sino también su modificación técnica y la formación de operadores. Esta capacidad de inversión los sitúa en una fase de aprendizaje que, aunque todavía incipiente, resulta profundamente alarmante”.

Porque debe tenerse presente este párrafo del análisis de Indepaz: “el riesgo no radica únicamente en lo que hoy son capaces de hacer, sino en el horizonte que su poder financiero les permite explorar: la posible adaptación de estas tecnologías al entorno urbano y también su manejo por parte de bandas armadas que operan en cabeceras municipales, donde el impacto sobre la población sería mucho mayor y más difícil de contener”.

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