Y otra vez el escenario electoral se abre en Colombia para los comicios presidenciales que en esta ocasión tendrán a mayo y junio del año entrante para la primera y segunda vuelta, acechado en esta ocasión por la inseguridad y la desinformación.

En esta carrera para 2026, por lo que se ve, tendremos una especie de subienda de aspiraciones, muchas de ellas por el sistema de inscripción de firmas, en una carrera en la que se verán variopintas alternativas de país para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, lo importante para la democracia no es la cantidad sino la calidad de las propuestas que se pongan en el escenario, y por eso preocupa a los especialistas la fragmentación del liderazgo político e ideológico en Colombia.

Un electorado suficientemente informado y al corriente de los programas presidenciales es lo que siempre se busca para procurar que las mejores y más idóneas ofertas de los aspirantes sean las que conquisten el poder del voto ciudadano, que además debe de estar alejado de la influencia de financiaciones con dineros turbios y sin compromiso alguno con organizaciones al margen de la ley.

Desafíos inmensos aparecen en el camino hacia los comicios, como por ejemplo la desatada violencia que hoy por hoy sacude a campos y ciudades y que envuelve riesgos para su desarrollo.

Áreas de alto conflicto armado como las del Catatumbo, Chocó, Cauca, Nariño o Arauca, por hablar solo de algunas, podrían llegar a representar traumas para el normal desarrollo electoral y un factor de intimidación y constreñimiento armado al libre derecho de elegir.

Esa amenaza hay que conjurarla y garantizar tanto la libertad de locomoción y presentación de sus propuestas en todos los rincones del país a quienes aspiren a la dignidad presidencial, y garantizar el desplazamiento del electorado sin peligro.

Hay otro hecho que es materia de preocupación que tiene que ver con las noticias falsas y la desinformación que para esta temporada de elecciones alcance niveles preocupantes, máxime ahora con el apoyo que esos ‘laboratorios de la manipulación y la mentira’ pueden obtener de la Inteligencia Artificial (IA).

La gravedad que envuelve esa clase de prácticas no puede dejarse pasar por alto, máxime cuando el mismo registrador Hernán Penagos advierte que “sin duda, la desinformación está generando circunstancias que pueden incluso derivar en problemas democráticos futuros”.

Ahí resulta de la mayor valía la unión de esfuerzos entre la Registraduría y la Policía con sus herramientas tecnológicas para desde el ciberespacio hacerle frente a quienes usen las estrategias engañosas para enrarecer el debate electoral que se avecina en Colombia.

Los medios de comunicación también deben de actuar con protocolos de verificación para cruzar por ese mar picado de datos y reportes falsos en que se pueden caer y generar desconcierto o acelerar la desconfianza ciudadana en su propia democracia.

Por algo será que la Misión de Observación Electoral (MOE) también dice, por intermedio de su subdirector Frey Muñoz, que el uso indebido de la IA y las redes sociales amenaza la calidad del debate público y socava la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto donde distinguir entre información veraz y falsa resulta cada vez más difícil.

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