Dolor de patria es el sentimiento hoy en Colombia frente a una violencia que volvió a saltar al escenario político y que en esta oportunidad lanzó un ataque directo contra la oposición, el Congreso de la República y las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
El condenable hecho sucedido con el precandidato Miguel Uribe Turbay es una amenaza directa contra nuestra democracia, que ha quedado herida por quienes planearon y ejecutaron el repudiable atentado, que también nos demuestra los incontrolables niveles de inseguridad que azotan al país.
Esas balas, aparte de ocasionarle graves daños al dirigente político, iban cargadas de demoledores mensajes amenazantes contra la institucionalidad, la libertad de pensamiento político y el derecho a elegir y ser elegidos.
Se trata de una intentona criminal para acallar el debate de las ideas donde debe primar la pluralidad y no el unanimismo ni el silencio ideológico generados por la coacción y el miedo.
La libertad de pensamiento no puede transformarse en una condena a muerte ni en un elemento disparador de la riesgosa estigmatización porque entonces nos enrumbaremos hacia la intolerancia, la venganza y el rompimiento de los disensos.
No se puede permitir que Colombia caiga de nuevo en épocas oscurantistas como aquellas en que fueron asesinados los candidatos Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez y Álvaro Gómez Hurtado. No podemos volver a caer en ese túnel en que las ideas se mataban para coartar el pluralismo, que es muy importante en el sistema democrático.
Lo ocurrido la tarde del sábado en el barrio Modelia, en Bogotá, fractura el ejercicio legítimo de la política porque al igual que el Estado ha perdido presencia en múltiples territorios, los violentos con sus métodos tratan de vedar el ejercicio de exposición de planteamientos políticos y propuestas programáticas en la plaza pública de ciudades y veredas.
Aquellos confabuladores al ordenar al tirador que disparara la pistola contra el congresista Miguel Uribe, igualmente dejan en evidencia la vulnerabilidad en materia de seguridad de los miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Y para empeorarlo todo, esos balazos se incrustaron en el libre derecho del voto ciudadano, ahora que nos encaminamos a dos elecciones, el año entrante, y que en este momento, sin lugar a equívocos, enfrentan serios riesgos de seguridad tanto para elegir como para ser elegidos, porque las amenazas pasaron de ser una percepción para convertirse en una peligrosa realidad.
Una democracia herida necesita del concurso de la sociedad, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la Fuerza Pública y de los partidos políticos para hacerle frente, entre todos, a este desolador panorama.
Procurar un acuerdo nacional para desarmar la palabra es una de las urgencias. La otra, garantías de seguridad para todas las bancadas del Congreso y los aspirantes presidenciales y, lógicamente, desenmascarar y llevar ante la justicia a los que planearon y financiaron el ataque contra el dirigente opositor Miguel Uribe Turbay, porque el país exige que este caso no vaya a quedar cubierto con el velo de la impunidad, como ya ha sucedido en el pasado.
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