

Hay algo en lo cual tiene mucha razón el actual director de la cárcel Modelo de Cúcuta, en cuanto a la necesidad de reforzar la seguridad externa y perimetral del penal.
Establecer un puesto de control militar y policial en inmediaciones del presidio que tiene una población carcelaria de 3.600 reclusos puesto que su localización la hace vulnerable desde el punto de vista de inseguridad.
Estar situada muy cerca de la frontera con Venezuela, tener trochas que la bordean, la presencia de grupos armados ilegales y la convergencia de organizaciones criminales que merodean por la zona, es verdaderamente necesario que sea protegida por la Fuerza Pública para garantizar los derechos fundamentales tanto del personal como de los internos, como lo afirma el director Ronald Ugarte.
Estas son instalaciones neurálgicas que deben de contar con esos refuerzos militares y policiales externos para prevenir hechos como posibles fugas, atentados contra la misma cárcel o acciones criminales contra el personal del Inpec que labora allí.
La toma de medidas de presencia y control en lugares cercanos al penal, en una ciudad con altos niveles de violencia, resulta de la mayor eficacia para anticiparse a cualquier hecho atentatorio contra la seguridad ciudadana en ese sector de la capital de Norte de Santander.
De ese pedido deben tomar nota urgentemente la Brigada 30, el la Policía Metropolitana, la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander para proceder a actuar en consecuencia, bien sea con patrullajes permanentes o el establecimiento de un puesto fijo de control.
Un hecho paralelo que le corresponde la Unidad Nacional de Protección (UNP), es la de mejorar las condiciones de seguridad para el director de la cárcel Modelo, quien desde la llegada al cargo ha recibido múltiples amenazas de muerte y varios atentados contra su vida.
Hay un hecho que vale pena destacar -como lo respaldan organizaciones defensoras de derechos humanos que visitan regularmente la cárcel- como son los controles diarios en los distintos patios en los que se decomisan teléfonos celulares, sustancias psicoactivas, entre otros elementos prohibidos que no pueden estar en manos de los reclusos.
Es necesario que este accionar persista y se vuelva un ejercicio permanente de aquí en adelante, porque podemos advertir que quienes sí son persistentes son aquellos que ingresan ilegalmente esa clase equipos y drogas, los primeros muy usados por quienes desde las celdas continúan en contacto con sus bandas o delinquiendo mediante la extorsión, las amenazas e intimidaciones.
Lo cierto es que el sistema penitenciario no puede seguir lleno de problemas complejos como el hacinamiento, por ejemplo, o que desde el interior de las prisiones se continúen cometiendo toda clase de hechos delincuenciales.
Por eso es indispensable que ni las preferencias ni los beneficios a ciertos prisioneros queden desmontadas para siempre con el propósito de que se avance en la eliminación de focos de inseguridad en las calles y de devolver internamente el control sobre las cárceles.
Para lograrlo hay que hacerse un trabajo coordinado entre todas las autoridades con el fin de llegar a esa esperada recuperación del sistema carcelario.
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