La nueva propuesta de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, debido a la compleja situación fiscal, busca impulsar cambios para sanear las finanzas públicas por el elevado nivel de gasto, el creciente endeudamiento y una estructura de ingresos insuficiente para cubrir las necesidades del Estado. 

La directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Liliana Heredia, indicó que, a pesar de que en 2023 el recaudo alcanzó el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en la última década, casi la mitad de ese monto (49%) se perdió a través de gastos tributarios, es decir, recursos que el Estado dejó de percibir por beneficios.

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Esos beneficios tributarios a los que se refirió la experta son las exenciones, las deducciones y los tratamientos preferenciales. Bajo ese contexto, por cada 100 pesos que se recaudan en impuestos, el Estado deja de recibir casi 50 pesos por decisiones de política fiscal. 

Heredia recordó que, entre 2021 y 2022, el valor total de estos beneficios tributarios pasó de $88,3 billones a $114,3 billones, lo que implicó un crecimiento cercano al 30%, equivalente a 1,2 veces lo recaudado con la última reforma tributaria de 2022. 

Además, más del 70% de estos beneficios se concentran en el IVA, seguido por el impuesto de renta a personas jurídicas y naturales. 

“Este desbalance limita seriamente la capacidad para financiar servicios públicos, invertir en infraestructura o reducir el déficit fiscal. La magnitud y persistencia de estos beneficios analizados desde el Observatorio Fiscal, al menos, desde el año 2019, refleja una falla estructural en el diseño del sistema tributario, que favorece tratamientos preferenciales sin una evaluación clara de su efectividad o justicia”, afirmó Heredia. 

La profesora e investigadora manifestó que, aunque los gastos tributarios pueden funcionar como mecanismos fiscales orientados a promover ciertos objetivos de la política pública (incentivar la inversión, apoyar sectores estratégicos o aliviar la carga tributaria sobre poblaciones vulnerables), en Colombia, su crecimiento ha estado acompañado de falta de evaluaciones técnicas sistemáticas que permitan justificar su permanencia o medir su efectividad. 

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Inequidad tributaria

Liliana Heredia dijo que los gastos tributarios pueden tener efectos regresivos cuando se concentran en los contribuyentes de mayores ingresos, porque, en lugar de reducir desigualdades, amplían las brechas existentes al otorgar alivios fiscales a quienes menos lo necesitan y limitar los recursos disponibles para financiar políticas públicas.  

La directora de Tributación del Observatorio Fiscal subrayó que, según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 10% de las empresas con mayor volumen de ingresos capta más del 90% del total de los descuentos tributarios, mientras que las de menor escala acceden a una proporción considerablemente menor. 

“Esta alta concentración sugiere que una parte significativa de los gastos tributarios no está llegando a quienes más podrían necesitarlos. Si bien, no todos los beneficios generan efectos regresivos, algunos están diseñados para apoyar sectores vulnerables o regiones con menor desarrollo”, añadió.

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Heredia sostuvo que la ausencia de criterios claros de focalización y evaluación periódica dificulta garantizar que el sistema sea equitativo.  

Precisó que, entre 2019 y 2023, estos beneficios, medidos como proporción del recaudo tributario, representaron en promedio un 50% de este, con un pico del 57% en 2022. Mientras que, como porcentaje del PIB fueron equivalentes en promedio al 7,5%. 

Esta tendencia evidencia que, a pesar del aumento en el recaudo tributario en los últimos años, una proporción considerable de los ingresos continúa siendo erosionada por tratamientos tributarios preferenciales. 

La académica recalcó que resulta ineludible que cualquier propuesta de reforma tributaria contemple una revisión profunda del sistema de beneficios fiscales, pues, en el escenario financiero actual del Estado, mantener tratamientos preferenciales sin evaluación ni focalización adecuada no solo erosiona la base gravable, sino que debilita la progresividad del sistema, favorece a los contribuyentes de mayores ingresos y limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas esenciales.

En conclusión, teniendo en cuenta que los beneficios tributarios representan cerca del 8,7% del PIB, mientras que la última reforma tributaria tenía como meta recaudar apenas el 1,4% del PIB, resulta evidente que no se puede avanzar en la sostenibilidad fiscal sin revisar a fondo estos tratamientos preferenciales.

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