La situación de seguridad en el centro penitenciario de Cúcuta se ha convertido en motivo de creciente preocupación para los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), debido al incremento de amenazas e intimidaciones que se han venido registrando desde finales de 2024.

Desde el 2 de diciembre de 2024, cuando Ronald Ugarte asumió como director de la cárcel de Cúcuta, se han presentado al menos tres atentados con explosivos contra el establecimiento. Además, han ocurrido hostigamientos en sus alrededores y, más recientemente, se difundió un video amenazante presuntamente atribuido a integrantes de la banda criminal Los Mexicanos. En la grabación se advierte sobre un supuesto plan pistola contra la dirección y el personal del penal, en respuesta a problemas con la alimentación y el suministro de colchonetas.

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Ugarte declaró que los inconvenientes mencionados ya fueron resueltos, y que la misma banda desmintió la amenaza a través de un comunicado. Sin embargo, el funcionario manifestó su inquietud por la posibilidad de estar siendo vigilado, ya que en el video se identifican vehículos que forman parte de su entorno familiar.
 
Uno de ellos pertenece a su esposa, quien usualmente transporta a su hijo de tres años, y otro es utilizado por la subdirectora del centro penitenciario, Lilia Rubio, bajo protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

No es la primera vez que Ugarte recibe amenazas. En abril de 2025, recibió otro video con características similares, en el que se le señalaba por supuestos malos tratos hacia internos venezolanos, quienes representan el 25% de los 3.600 reclusos del establecimiento. El director atribuye las molestias a los controles diarios instaurados desde su llegada, en los que se han decomisado objetos prohibidos como teléfonos móviles y sustancias psicoactivas.

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Además, Ugarte reveló que fue amenazado directamente por un recluso extranjero. Pese a estos hechos, aseguró que la seguridad del establecimiento no está sujeta a negociaciones.

Respecto a las denuncias sobre privilegios dentro de algunos patios del penal, Ugarte negó que existan tratos diferenciados. Indicó que todos los internos reciben el mismo trato, afirmación respaldada por fundaciones defensoras de los derechos humanos que visitan regularmente la cárcel.

Todo se ha denunciado

El director subrayó que ha denunciado todas las amenazas recibidas, aunque actualmente no cuenta con un esquema de protección completo por parte de la UNP.
 
Explicó que, a pesar de estar inscrito en el programa, solo tiene asignado un escolta y un chaleco antibalas. Para obtener medidas más efectivas, interpuso una acción de tutela, argumentando la persistencia de un riesgo inminente, como lo señala la Alerta Temprana 027 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo.

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El funcionario también denunció que su esposa ha sido víctima de seguimientos en dos ocasiones, siendo la más reciente una persecución por parte de una motocicleta que incluso fotografió su vehículo a la entrada de su residencia. Aunque el caso fue reportado, asegura que las medidas de la UNP han sido insuficientes.

Ugarte hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad externa de la cárcel, señalando que la ubicación del penal, cercana a la frontera y rodeada de trochas, representa un alto riesgo. Solicitó la instalación de un puesto de control permanente fuera del establecimiento y el respaldo del municipio para garantizar los derechos fundamentales tanto del personal como de los internos.

La situación del centro penitenciario de Cúcuta evidencia los retos en materia de seguridad y protección que enfrentan los funcionarios del Inpec en zonas de alta complejidad como Norte de Santander, donde convergen diversos grupos armados y estructuras criminales.

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