La empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. enfrenta una creciente controversia luego de que la Contraloría Municipal de Cúcuta revelara los resultados de una Actuación Especial de Fiscalización que destapó una serie de hallazgos de índole penal, disciplinaria, fiscal, administrativa y medioambiental. 

El informe, resultado de una denuncia ciudadana, deja entrever un panorama de preocupación, según el órgano de control, tras casi dos décadas de Aguas Kpital al frente de la operación del acueducto de los cucuteños.

El ente de control evaluó el contrato 030 de 2006 suscrito entre la Empresa Industrial y de Servicios Públicos de Cúcuta (EIS Cúcuta S.A. E.S.P.) y la firma Aguas Kpital, así como el contrato de interventoría a cargo del Consorcio Hidrogestión Cúcuta. Según el informe, se evidenciaron presuntas fallas estructurales en la operación, presuntos riesgos para la salud pública, debilidades técnicas y una preocupante ausencia de control institucional.

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El contralor municipal, Óscar Sandoval, subrayó que el informe encontró que “desde la perspectiva fiscal, se documentó el cobro sostenido del componente tarifario denominado Costo Medio de Inversión (CMI), sin evidencia suficiente que demuestre su aplicación efectiva en obras de reposición, ampliación o modernización de infraestructura por parte de Aguas Kpital”.

Uno de los hallazgos tiene que ver con un presunto daño fiscal estimado en 1,1 billones de pesos, derivado de una presunta apropiación indebida del CMI, recursos que debieron ser destinados, entre otras cosas, a la renovación de redes hidráulicas.

Aguas kpital defiende 
su actuación

Frente a estos señalamientos, Aguas Kpital respondió a La Opinión, sobre los puntos más delicados del informe.

 La compañía defendió la legalidad de su estructura financiera y operativa, y aseguró que los compromisos contractuales han sido cumplidos.

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“Los compromisos contractuales de inversión se han cumplido año a año. Gracias a ellos se han alcanzado niveles de cobertura, continuidad y calidad del servicio exigidos y valorados por nuestros usuarios. Hoy, somos reconocidos como una de las empresas más sólidas del sector en Colombia”, aseguró la compañía en respuesta escrita.

Respecto a los cuestionamientos sobre la composición accionaria de Aguas Kpital —otro de los aspectos destacados en el informe— la Contraloría evidenció que actualmente no existe certeza sobre quiénes son los verdaderos socios de la empresa. Según los hallazgos, el 77,6% de las acciones estarían en manos de un patrimonio autónomo sin personería jurídica y otro 20,8% en manos de acreedores del Grupo Nule, tristemente célebre por su participación en el escándalo del “carrusel de la contratación” en Bogotá.

Este aspecto fue particularmente delicado para el órgano de control, que advirtió que dicha estructura accionaria no ofrece garantías claras sobre la idoneidad ni el respaldo económico de los operadores del servicio público. No obstante, Aguas Kpital defendió este esquema:

“La estructura de patrimonios autónomos es una figura jurídica válida que garantiza la destinación de los recursos al cumplimiento del contrato. Esta modalidad ha permitido apropiar los recursos necesarios no solo para cumplir con los compromisos de inversión, sino para alcanzar los indicadores del servicio”, afirmó Aguas Kpital.

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‘Equipo humano y técnico 
es altamente  calificado’

En cuanto al supuesto vínculo con el Grupo Nule, la Contraloría señaló que tras la liquidación judicial de este conglomerado en 2010, Aguas Kpital habría perdido a su socio operador, situación que habría dejado el manejo del acueducto en manos de actores sin experiencia comprobada en la operación de sistemas de agua potable.
Frente a esto, la empresa respondió que “para la fecha en que se presentó la liquidación judicial del Grupo Nule, Aguas Kpital contaba con un equipo humano capacitado, en su mayoría cucuteño, con la experiencia necesaria para garantizar la continuidad y cumplir con las exigencias que supone la prestación del servicio”.

El informe también revela que la auditoría se sustentó en una amplia gama de soportes, incluidos documentos provenientes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Corponor, el Sistema Único de Información (SUI), informes de la interventoría y auditorías externas.

Este proceso de fiscalización ocurre en un momento clave, a poco menos de un año de que finalice el contrato de operación del acueducto, vigente hasta 2026. En ese sentido, el contralor Sandoval instó al alcalde Jorge Acevedo y a la Junta Directiva de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. a actuar con prontitud:

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“Corresponde al alcalde y a la Junta ejercer con urgencia las acciones legales, contractuales y administrativas que les confieren la Constitución, la Ley 80 de 1993, los pliegos y el contrato vigente, ante los graves incumplimientos reiterados evidenciados en esta Actuación Especial de Fiscalización”.

La documentación ya fue remitida a los organismos de control competentes, entre ellos la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, para su evaluación y posible apertura de investigaciones formales.

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