El tiempo pasa y nos permite a los trabajadores el disfrute de una norma que genera un cambio en el establecimiento, a partir del próximo 15 de julio, Colombia entrará en una nueva etapa de su modernización laboral con la reducción oficial de la jornada semanal de 46 a 44 horas, en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021, promovida por el expresidente Uribe. Para el sector empresarial, no se trata solo de un cambio normativo: consiste más una invitación a repensar nuestras estructuras de trabajo, productividad y liderazgo organizacional.

La reducción progresiva –que culminará en 2026 con una jornada de 42 horas semanales– se ha planteado como una mejora en la calidad de vida del trabajador, sin impacto sobre el salario ni las prestaciones sociales. Aunque el enfoque social es claro, el desafío empresarial también lo es: mantener o mejorar la productividad con menos horas de trabajo, un reto a todas luces improbable en una cultura acomodada.

Este reto no es menor, pero tampoco es nuevo. En economías desarrolladas, la reducción de la jornada ha demostrado que, acompañada de inversión en tecnología, procesos eficientes y cultura organizacional fuerte, puede traducirse en mejores resultados tanto para las empresas como para los trabajadores. En ese sentido, la reforma no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad de innovación.

Para lograrlo, el empresariado debe liderar con visión. La reorganización de turnos, la inversión en automatización adecuada para su mercado, la flexibilización laboral bien diseñada y el fortalecimiento del talento humano importantes decisiones estratégicas que marcaran la diferencia entre adaptarse y rezagarse.

Sí, muchas pymes enfrentarán dificultades en el corto plazo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Por eso es necesario un diálogo abierto con el Gobierno para impulsar medidas de transición, incentivos y acompañamiento técnico que permitan implementar la reforma sin debilitar el empleo formal.

Pero también debemos ser autocríticos. La informalidad, los contratos precarios, el uso excesivo de tercerización manipulando indebidamente la figura de las empresas de temporales y la baja inversión en bienestar laboral han sido prácticas que, lejos de fortalecer la competitividad, nos han alejado de modelos empresariales sostenibles. Este nuevo marco legal es una oportunidad para corregir el rumbo.

El país avanza en paralelo hacia una reforma laboral más amplia recientemente votada en el senado que, aunque genera tensiones políticas, plantea discusiones necesarias sobre inclusión, protección social y nuevas formas de trabajo en la economía digital. Colombia no puede seguir construyendo futuro con estructuras laborales del siglo pasado y a mi parecer necesita no una reforma laboral, lo que requiere es un cambio absoluto del sistema en búsqueda de un interés general desde las regiones, no se puede aplicar la misma norma en el Choco que en Antioquia, como no la misma norma a pymes que a grupos empresariales.

El empresariado colombiano tiene la capacidad y la experiencia para liderar este proceso de transformación. No desde la resistencia, sino desde la propuesta. No desde el cálculo cortoplacista, sino desde una visión sostenible e incluyente del crecimiento económico, rompiendo paradigmas sin gastarse las ganancias a corto tiempo, reinvirtiendo en la empresa y buscando vivir bien sin gastar en detrimento de la estructura empresarial a futuro sostenible.

El trabajo digno no es solo una exigencia del trabajador: es también una condición para la rentabilidad a largo plazo. En un mundo donde el talento elige dónde trabajar y las marcas se construyen con propósito, adaptarse no es una opción: es una estrategia, el nuevo paradigma a vencer es que vamos a hacer con el tiempo libre.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en:  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion