Pues la corrupción en Colombia data desde la independencia. Recuerden las coimas del préstamo de Londres. En las universidades públicas, una cadena radial nos recordó que, en 2019, trece de las universidades públicas estaban comprometidas en hechos de corrupción por ciento treinta y nueve mil millones de pesos.
Allí estaban las universidades de Floridablanca, La Distrital de Bogotá, La del Chocó, La UNAD y su rector Jaime Alberto Leal Afanador y su sobrina (103.000 estudiantes y 65 sedes), La Universidad del Caribe de don Ramsés Jonás Vargas, preso en Barranquilla, la Universidad de San Martín de don Mariano Alvear y su familia, la Universidad Metropolitana del Atlántico que se disputan dos poderosas familias, los Acosta Bendek y los Corzo Pinto, nuestra UFPS con su carrusel de puntos salariales al margen del Ministerio de Ciencias y del dictamen de Publindex. Y un telón de fondo común de la corrupción: la reelección.
Por lo anterior, confieso que estuve equivocado en mi columna anterior y posterior a la jornada electoral de esa Institución de educación superior, cuando proponía que las rectificaciones eran de iniciativa única de los perdedores.
Hoy, cuando desde todos los flancos se está proponiendo el debate por el cambio en la UFPS reconozco que a iniciativa efectivamente debe ser de todos los nortesantandereanos.
Además, el aforismo que cité sigue siendo válido en cualquier tiempo: “La única manera de tomar un tren a tiempo, cuando se pierde el anterior, es volver a intentar con el siguiente”. Y estamos ante esa oportunidad, que comienza estableciendo responsabilidades del desastre a los imputables del Consejo Superior de la Institución, que en un 99 % provienen del sector público. Los extraños son: el sector privado que solo aporta el representante del sector productivo y el de los estudiantes, si es que no lo han encorbatado de servidor público.
En efecto del sector público están el señor gobernador que es funcionario público y quien lo preside. El delegado del señor presidente de la República designado por acto administrativo. El ministro de Educación Alejandro Gaviria o su delegado por acto administrativo. El delegado de las directivas académicas, que es un profesor con calidad de empleado público.
Así que el primer gran responsable de la corrupción en las IES- Instituciones de Educación Superior es el Ministerio de Educación, que no vigila. Grave cuando está en cabeza de un académico curtido, el doctor Alejandro Gaviria Uribe, egresado de la EIA, que no puede desconocer la ley 30/93.
No hay universidad pública o privada en Colombia que no tenga su representación y que no sea de su vigilancia.
Claro está que hay hechos que lamentar en la UFPS. Es de lamentar que los doctores José Mauricio Julio Sepúlveda, Carlos Arturo Charria Hernández y Jaime Ontiveros, funcionarios públicos y miembros del Consejo Superior, estén absolutamente desconectados con el señor presidente de la República y con el ministro de Educación y no los enteran de nada.
No cumplir con sus funciones, que ordena el artículo 64 de la ley 30 de 1993, es un delito y también una falta disciplinaria. Producir resoluciones, acuerdos y decisiones contra la ley es prevaricar. No velan porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, tolerando el voto ponderado que los prohíbe la ley y la jurisprudencia en las instituciones públicas y ello conlleva las sanciones del artículo 48: amonestaciones, multas sucesivas y suspensión de programas académicos por un año.
Adenda: Ley 1474 de 2011 contra la corrupción, se ha tornado en un adorno más.
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