El Gobierno nacional expidió esta semana un decreto mediante el cual implementa en el sistema de la salud algunos puntos principales de la reforma que ha buscado tramitar en el Congreso desde hace a tiempo.
Se trata del Decreto 0858, que, según manifestó el Gobierno, tiene como propósito “consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria” basado en un modelo de salud preventivo.
“Este decreto hace parte de las medidas que el Gobierno Nacional ha venido adelantando para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema. La discusión legislativa sobre la reforma a la salud seguirá su curso institucional, mientras que el presente decreto se limita a desarrollar lo ya aprobado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo”, indicó el Ministerio de Salud a través de un comunicado.
Entre los aspectos más relevantes del decreto, se encuentra la información de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que articulará prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención.
Además, también busca fortalecer la red hospitalaria pública, con inversiones en infraestructura y tecnología, y la formalización del talento humano en salud para garantizar condiciones laborales dignas. Todos estos son puntos que ya han sido discutidos durante la tramitación de la reforma a la Salud.
Aunque el Gobierno niega que el decreto cambie el esquema de aseguramiento actual y el rol de las EPS, porque eso quedaría pendiente para la aprobación de la reforma, los criticos de la medida aseguran que esos cambios ya están en el decreto y, de ser aprobada la reforma, ya lo que haría sería formalizar lo que ya está hecho.
Por este y otros motivos, las organizaciones del sector Salud han catalogado el decreto como un atropello a la constitución y han asegurado que podría traer efectos desastrosos a un sistema que ya pende de un hilo
Según el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, el decreto no atiende los verdaderos problemas, por el contrario, busca implementar cambios arbitrarios que, sin recursos y con poco tiempo, son la fórmula de un desastre.
“Esta reforma impuesta desde el Ejecutivo, según Fenalco, no responde a diagnósticos técnicos ni a consensos sociales, mucho menos a un debate democrático. Lo que revela es una preocupante necesidad de imponer modelos de control estatal absoluto, donde el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en objeto de administración. El sistema de salud, en lugar de garantizar dignidad y bienestar, se convierte en una herramienta de fidelización política, de vigilancia ideológica y de distribución clientelista de beneficios”, indicó el presidente de Fenalco.
“En la práctica, se inaugura un modelo territorializado, donde los servicios de salud quedan a merced de intereses políticos locales y del control burocrático del Gobierno central”, añadió Jaime Cabal.
Lea aquí: Ante el aumento de la violencia, solicitan fortalecer las comisarías de familia
Por su parte, el exministro de Salud Alejandro Gaviria alertó que el decreto provoca cambios sustanciales como la transformación de las EPS y la eliminación del aseguramiento como se ha venido trabajando hasta ahora.
Gaviria aseguró que el decreto continúa dotando de grandes responsabilidades a las EPS, a la vez que les quita capacidad de gestión, hecho que puede llevar a un deterioro de la prestación del servicio de salud.
Además, uno de los puntos más controvertidos es que el decreto establece nuevos gastos de infraestructura con el objetivo de llegar al modelo de salud preventivo, pero no establece nuevas fuentes de financiamiento aún con la crisis evidente que atraviesa el sistema.
“El decreto contempla, además, nuevos gastos en infraestructura hospitalaria pública, CAP, formalización de trabajadores y equipos territoriales, pero no define nuevas fuentes de recursos. Esta nueva priorización, sin nuevos recursos, ampliará de manera sustancial el déficit actual”, indicó Alejandro Gaviria.
“El decreto exige a las EPS gestionar el riesgo en salud, pero limita sus competencias operativas y su participación en la definición del sistema de prestación de servicios (las RIITS). Se les mantiene la responsabilidad, pero se les debilita la capacidad de cumplirla”, puntualizó el exministro de Educación.
Es importante destacar que la gran mayoría de los cambios que presenta el decreto no son de efecto inmediato, por el contrario, tienen un marco de transición bajo el cual se trazarán hojas de rutas para lograr las transformaciones de manera armoniosa.
Un decreto con los días contados
Tanto gremios como pacientes manifestaron su preocupación por el decreto, por lo que las acciones legales en su contra no se hicieron esperar. Pocas horas después de conocer su implementación ya fueron radicadas ante el Consejo de Estado las primeras demandas que piden la nulidad del decreto.
Entre las acciones legales, se encuentran la de los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, quienes aseguran que el decreto afecta el derecho fundamental a la salud y vulnera la separación de poderes.
Las próximas semanas serán una carrera contra el reloj: el Gobierno, a tratar de hacer la mayor cantidad de cambios posibles al sistema, antes de que el decreto se caiga, y sus contradictores esperando todo lo contrario, que los daños que va a provocar el decreto no se vuelvan irreversibles.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
