En un concepto emitido el 22 de abril, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la reforma pensional del Gobierno nacional, aprobada mediante la Ley 2381 de 2024. Para el Ministerio Público, no se presentaron irregularidades durante el trámite legislativo que comprometan su validez constitucional.
El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que el análisis jurídico realizado evidencia que la iniciativa del Ejecutivo se tramitó correctamente en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Representantes, donde fue objeto de revisión y debate. En consecuencia, pidió a la Corte declarar su conformidad con la Constitución.
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Llamado a evitar interpretaciones regresivas
Además de la solicitud principal, la Procuraduría instó al alto tribunal a tener en cuenta una advertencia sobre el artículo 84.5 de la reforma. En su concepto, pidió de manera explícita que se evite cualquier interpretación regresiva del contenido de esa disposición, en aras de proteger los derechos adquiridos por los ciudadanos.
El pronunciamiento de la entidad también contempla un escenario alternativo, en caso de que la Corte no acoja la petición de exequibilidad plena. En ese sentido, recordó que, aunque la entrada en vigencia de la reforma está prevista para el 1 de julio de 2025, ya ha generado efectos jurídicos y administrativos en el sistema pensional.
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