Aunque un fallo de la Corte Constitucional en febrero pasado ordenó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, y a pesar de la obligatoriedad de su inmediato cumplimiento, las barreras en el sistema de salud para el acceso de este derecho persisten, según señaló el Movimiento Causa Justa.
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En detalle, en las IPS o EPS se siguen presentando de manera generalizada un desconocimiento del marco legal vigente, una interpretación restrictiva del mismo y fallas en la prestación del servicio, de acuerdo con un balance realizado por Causa Justa a 100 días del fallo histórico.
La evaluación de la implementación de la Sentencia fue realizada a partir de los 76 casos que La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acompañó desde el 22 de febrero hasta el 31 de mayo de 2022 a nivel nacional.
“No hay una aplicación efectiva de la sentencia. No hay una implementación de la sentencia en el sector salud”, dice Carolina Triviños, abogada en el acompañamiento de casos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
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Según cuenta la abogada, a las mujeres que se acercan a los servicios de salud para interrumpir el embarazo durante las primeras 24 semanas de gestación según sus propias razones, en muchos casos, “se les está solicitando valoración por psicología e incluso por Comités Interdisciplinarios. Además, les están solicitando algunas formalidades para la solicitud del procedimiento, requisitos que ya no son necesarios para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo".
“Además no se está cumpliendo con el plazo de 5 días entre la solicitud del procedimiento y la realización del mismo, que la Corte Constitucional le ordenó a las Instituciones Prestadoras de Salud y a las EPS para autorizar y realizar el procedimiento”, dijo.
Carolina también da cuenta que en muchos de los casos asesorados los profesionales de salud están utilizando de manera inconstitucional la objeción de conciencia.
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“La sentencia busca que las mujeres puedan acceder de manera oportuna y lo más pronto en la medida en que ellas soliciten la interrupción voluntaria del embarazo, pero en la práctica esto no se está evidenciando y además la mayor parte de las barreras de acceso no están concentradas en las ciudades capitales sino en otros territorios”, mencionó Triviño.
Según el balance, tras la sentencia los casos de acceso al derecho aumentaron en un 52% respecto al año 2021.
El 27,6 % de los casos corresponden a mujeres provenientes de la ciudad de Bogotá, mientras que el 71% de los casos son de mujeres que se encuentran en otros territorios del país: Bogotá (21), Norte de Santander (15), Valle del Cauca (5), Cundinamarca (4), Bolívar (3), Santander (3), entre otros.
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