El Gobierno calculó en cerca de 8 billones de pesos el costo de la emergencia generada por las inundaciones en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, cifra que, según el Ministerio de Hacienda, supera la capacidad presupuestal ordinaria del Estado.

El estimativo fue presentado este martes por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la segunda jornada del Consejo de Ministros realizada en Montería, donde sostuvo que la magnitud de los daños constituye un hecho sobreviniente e impredecible que obliga al Ejecutivo a considerar una nueva declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ambiental.

Ávila señaló que el Gobierno requiere recursos adicionales para atender la recuperación de la región afectada, en un escenario de alta presión fiscal, por lo que la Emergencia permitiría adoptar medidas excepcionales para garantizar la financiación de la reconstrucción.

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En ese contexto, el jefe de la cartera de Hacienda explicó que el Ejecutivo evalúa una medida tributaria orientada a recaudar estos recursos, basada en un impuesto al patrimonio aplicado a personas jurídicas, con salvaguardas para no afectar a las pequeñas y medianas empresas.

Según lo expuesto, el impuesto se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de $10.000 millones, con una tarifa de 0,6% hasta los $30.000 millones y de 1,2% para patrimonios superiores, lo que impactaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría recaudar aproximadamente los $8 billones que se estima costará atender la crisis humanitaria y ambiental.

El Ministro indicó que el Gobierno espera que la Corte Constitucional valore la excepcionalidad de la situación que enfrenta la región Caribe, al momento de pronunciarse sobre la nueva Emergencia Económica.

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