El candidato a la Cámara de Representantes Germán Ricaurte denunció este sábado la firma de convenios multimillonarios entre el Gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) horas antes del inicio de la Ley de Garantías, advirtiendo una presunta estrategia de influencia electoral mediante la disposición de recursos públicos para comunidades que actualmente ejercen presión sobre el Ejecutivo.
Ricaurte, aspirante por el Nuevo Liberalismo, calificó la situación como una “feria de contratos” activada en la recta final habilitada para la contratación estatal. Según la documentación expuesta por el político, se suscribieron acuerdos que comprometen el presupuesto de cuatro entidades distintas con el CRIC, organización que se mantiene en minga.
El candidato presentó evidencias de cuatro contratos específicos firmados recientemente que suman una cuantía considerable. El desglose de los recursos entregados a la organización indígena incluyó un convenio con el Ministerio de Educación por 68.000 millones de pesos y un contrato con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por 1.500 millones. Asimismo, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) asignó 700 millones y la Unidad de Restitución de Tierras cerró un contrato por 400 millones.
“El Gobierno está metiendo las manos para influir en estas elecciones y está manoseando a los grupos étnicos”, afirmó Ricaurte. Para el denunciante, estos movimientos financieros ocurrieron mientras el CRIC ejerce presión política, lo que sugiere una entrega de recursos a cambio de apoyo en las semanas previas a los comicios legislativos.
Ricaurte señaló que esta dinámica representó una continuación de las irregularidades detectadas a finales de diciembre, cuando el Ministerio del Interior entregó 198.000 millones de pesos en contratos bajo la gestión de Armando Benedetti. “No permitiremos que se manoseen los recursos públicos”, sentenció el candidato al exigir vigilancia sobre el erario.
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Alerta por contratación masiva en enero
La denuncia de Ricaurte coincidió con el balance presentado horas antes por la representante Katherine Miranda, quien reveló cifras sobre el volumen total de la contratación estatal en el primer mes del año. Miranda indicó que en los 29 días de enero se suscribieron más de 100.700 contratos de prestación de servicios, comprometiendo cerca de 6 billones de pesos.
Según los datos revelados por Miranda, en los últimos ocho días del periodo previo a la Ley de Garantías se firmaron 51.496 contratos, cifra que representó más del 51 % de toda la contratación del mes. La congresista advirtió que las entidades con mayor volumen de firmas cumplen funciones territoriales, lo que incrementó el riesgo de utilización de recursos con fines electorales.
“La contratación pública no puede convertirse en herramienta de presión política ni en mecanismo para alterar la igualdad de condiciones en el escenario electoral”, concluyó Miranda al solicitar la intervención de los organismos de control.
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