La Corte Suprema de Justicia reconoció como víctimas al presidente, Gustavo Petro, y al periodista Daniel Coronell en el proceso penal contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta responsabilidad en las ‘chuzadas’ telefónicas y seguimientos ilegales realizados entre 2005 y 2007.
La Corte ratificó el reconocimiento del presidente Petro como víctima en el contexto de las interceptaciones ilegales. Petro, quien en ese entonces se desempeñaba como líder opositor, habría sido uno de los objetivos de estas acciones, que implicaban una serie de intervenciones a su intimidad, en un esfuerzo por desestabilizar su figura política.
El abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, explicó que “el hecho de que se hubiera utilizado la fuerza del Estado para perseguirlo, para interceptarlo, para afectar su intimidad y convertirlo en un enemigo interno, constituyen un perjuicio”.
Carranza agregó que la persecución contra Petro ejemplifica cómo el uso del aparato estatal de inteligencia se traduce en violencia y polarización, elementos que, según su visión, han marcado el rumbo político reciente de Colombia.
Andrés Peñate, quien estuvo al frente del DAS entre 2005 y 2007, enfrenta cargos por su presunta participación en un esquema de interceptaciones ilegales de comunicaciones que involucró a políticos de la oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y otros actores del ámbito público.
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Los seguimientos y las chuzadas, realizadas por agentes del DAS, tenían como fin monitorizar y vigilar a aquellos que se percibían como opositores al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Además de las interceptaciones, los informes judiciales revelan que hubo vigilancia física y el uso de recursos del Estado para llevar a cabo estas actividades sin el respaldo de órdenes judiciales, lo cual constituyó una clara violación a los derechos fundamentales de las víctimas.
El proceso judicial ha señalado que estas interceptaciones afectaron tanto a personas dentro del país como fuera de él, extendiendo la red de espionaje hacia figuras de la sociedad civil y el ámbito político que mantenían posturas críticas al Gobierno. Esta red de espionaje, operada bajo la dirección de Peñate, dejó como resultado diversas denuncias de abuso de poder, violación de la privacidad y violaciones a los derechos humanos.
El caso también tuvo repercusiones en el ámbito de la prensa, donde periodistas como Daniel Coronell fueron afectados por las prácticas ilegales del DAS. Coronell, quien en ese entonces lideraba investigaciones periodísticas críticas al Gobierno de Uribe, fue objeto de seguimientos y escuchas ilegales, lo cual también ha sido considerado una violación a la libertad de prensa.
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