El controvertido episodio conocido como el “tarimazo” en Medellín, cuando cabecillas de bandas criminales fueron llevados desde la cárcel de Itagüí hasta La Alpujarra para participar en un acto con el presidente Gustavo Petro, sigue generando repercusiones. Esta vez, la protagonista es la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, contra quien el Consejo de Estado estudia dos demandas de pérdida de investidura.

Los procesos buscan que la congresista pierda definitivamente su curul, lo que en la práctica significaría su “muerte política”. Los demandantes señalan que Zuleta, en calidad de integrante de la llamada Mesa de Paz Urbana, habría gestionado ante el INPEC el traslado de varios de esos cabecillas para que asistieran al evento, pese a que esa facultad no recaía sobre ella.

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Uno de los accionantes, William Quintero, asegura que la senadora habría excedido sus funciones y utilizado su investidura para intervenir en decisiones que correspondían únicamente a jueces o fiscales, como es la autorización de un traslado de personas privadas de la libertad. En su criterio, la actuación de Zuleta vulneró la normatividad y derivó en un aprovechamiento político.

Las solicitudes van más allá al señalar que su comportamiento podría configurarse como un abuso de la función pública y tráfico de influencias. Además de los procesos en el Consejo de Estado, ya cursa una denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia.

La senadora por su parte afirma que todo se trata de una persecución política en su contra.

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