César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, declinó el ofrecimiento del presidente, Gustavo Petro, para asumir el Ministerio de Justicia en reemplazo de Eduardo Montealegre y comunicó su decisión cuando el Gobierno tenía listo el decreto de nombramiento, sin que se instalara finalmente como el cuarto jefe de esta cartera en tres años de mandato.
La decisión se conoció a través de fuentes del Ministerio de Justicia y se confirmó luego de que el presidente Petro anunciara públicamente que Valencia Copete sería el nuevo ministro.
El mandatario informó el 13 de noviembre su elección y señaló en una publicación en X que, “en honor a los magistrados perseguidos”, el exmagistrado asumiría el cargo. Sin embargo, en los días siguientes el jurista le comunicó al Ejecutivo que no aceptaría el ofrecimiento.
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Valencia Copete, nacido en Quibdó y egresado de la Universidad Externado, fue presidente de la Corte Suprema entre 2007 y 2008. Su trayectoria lo ubicó como una figura respetada en el ámbito judicial y como un defensor de la independencia de las cortes, especialmente desde el episodio en 2008 en el que denunció llamadas del entonces presidente Álvaro Uribe para preguntar por procesos relacionados con la parapolítica.
Distintas fuentes indicaron que el Gobierno alcanzó a preparar el decreto de nombramiento y que el exmagistrado le comunicó su decisión a última hora. Con ello, se cerró la posibilidad de que se convirtiera en el cuarto ministro de Justicia del actual Gobierno, una cartera que ha enfrentado renuncias abruptas, choques políticos y una prolongada tensión entre el Ejecutivo y las altas cortes.
La situación del Ministerio
Tras la renuncia de Montealegre, el encargado de la cartera es el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, quien continuará en esa condición mientras el Gobierno define un nuevo nombramiento.
Ocampo permanece en el cargo a pesar de tener una incapacidad médica vigente, situación que mantiene la cartera en un limbo administrativo, en un momento de alta tensión institucional.
La salida de Eduardo Montealegre, ocurrida el 13 de octubre, estuvo marcada por fuertes cuestionamientos. El entonces Ministro sostuvo que su renuncia respondía a asuntos personales relacionados con el proceso penal contra el expresidente Uribe y afirmó que pretendía concentrarse en impedir que la justicia absolviera “a un criminal de guerra”.
Su retiro se dio pocas horas después de que se conociera el borrador de un proyecto de ley sobre una Asamblea Nacional Constituyente y tras semanas de disputas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y con el procurador general, Gregorio Eljach.
Con la declinación de Valencia Copete, la cartera suma un nuevo revés en medio del reajuste del gabinete. En tres años, el Ministerio ha tenido tres ministros en propiedad: Néstor Osuna, quien lideró la cartera durante los primeros dos años; la exfiscal delegada Ángela María Buitrago, quien impulsó el acceso a la justicia en territorios vulnerables; y Eduardo Montealegre, cuyo paso fue el más corto y estuvo rodeado de tensiones políticas.
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El Ministerio de Justicia enfrenta un periodo marcado por dificultades estructurales y un ambiente de fricción entre el Gobierno y el aparato judicial. Los retos incluyen un recorte presupuestal proyectado para 2026 que, según advertencias de las altas cortes, limitaría el funcionamiento de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Defensoría, cuyos recursos solo alcanzarían hasta agosto del próximo año.
Además, persiste la crisis del sistema penitenciario y carcelario, donde el hacinamiento y la violencia no han cedido, así como la necesidad de recomponer las relaciones institucionales con el poder judicial y gestionar una agenda de reformas que quedó estancada tras la salida de Osuna y las tensiones que enfrentaron Buitrago y Montealegre.
La declinación de Valencia Copete se produjo justamente cuando el Gobierno buscaba estabilizar la cartera y enviar un mensaje de diálogo a la Rama Judicial. Su perfil, con experiencia en tribunales y reconocido por su defensa de la independencia judicial, era leído en el Ejecutivo como una oportunidad para desescalar el ambiente de confrontación.
Durante su presidencia en la Corte Suprema en 2008, Valencia Copete protagonizó un enfrentamiento con el entonces presidente Uribe, cuando denunció que el mandatario llamó para consultar sobre procesos relacionados con la parapolítica. Ese episodio lo consolidó como un jurista firme frente a presiones políticas y se convirtió en una referencia constante cada vez que su nombre sonó para cargos de alta responsabilidad en el Estado.
En enero de 2025, el Gobierno le entregó la Cruz de Boyacá en grado de caballero, un reconocimiento a su trayectoria jurídica y su aporte a la independencia judicial. Su cercanía con la academia y su trabajo de décadas en la Sala de Casación Civil fueron aspectos destacados por el Ejecutivo al anunciarlo como ministro.
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