En 2018, durante la segunda vuelta presidencial en la que se disputó la llegada a la Casa de Nariño con Iván Duque, Gustavo Petro esculpió en mármol los 12 compromisos que cumpliría si era elegido como jefe de Estado. El segundo de ellos indicaba que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente.
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Aunque en esa oportunidad no obtuvo la victoria, siete años después, y esta vez ya en el poder, el actual mandatario de los colombianos parece haber hecho un borrón y cuenta nueva frente a algunos de esos compromisos, como la idea de redactar una nueva Constitución.
“El constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia. Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que los próximos Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, anunció Petro la semana pasada, luego de que fuera aprobada la reforma laboral y la Consulta Popular perdiera fuerza.
Esta, sin embargo, no es la primera vez que el presidente habla de Constituyente, desde que está al frente del país. En 2024 y en diferentes oportunidades, el jefe de Estado puso sobre la mesa la idea, apelando a que fuera la ciudadanía la que tomara las decisiones más importantes que necesita el país, advirtiendo que se necesitaba para corregir fallas de los sistemas actuales y para impulsar grandes reformas, entre otras motivaciones.
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Si bien su idea nunca trascendió de los discursos y los trinos, en esta oportunidad parece ir más en serio y sobre todo ahora que cuenta con el respaldo de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien fue el encargado de revivir la propuesta.
“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución. (…) En marzo del próximo año, todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Nacional Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, manifestó Montealegre.
Una apuesta poco viable
Mientras el presidente Gustavo Petro y sus principales alfiles insisten en que Colombia tiene que ir nuevamente a una Asamblea Nacional Constituyente, cada día son más las voces, no solo desde la oposición, que insisten en que este no es el camino para Colombia.
Expertos coinciden en que una Constituyente no tiene ningún asidero político ni jurídico, además de que esta iniciativa podría representar una amenaza a la estabilidad institucional.
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Esta semana, durante un foro en la Universidad del Rosario, en Bogotá, exmagistrados y expertos constitucionalistas analizaron lo que está planteando el presidente de la República y una de las conclusiones a las que llegaron es que tanto la Consulta Popular, que ya fue derogada, como la Constituyente, que tendría su propia papeleta en los comicios del próximo año, son apuestas con las cuales se está instrumentalizando la participación ciudadana con fines políticos, sin el debido sustento legal ni los controles necesarios.
“La propuesta del presidente es inviable jurídicamente. El mecanismo está previsto en la Constitución, pero debe pasar por una ley del Congreso con mayoría calificada. Pretender eludir ese camino provoca una reacción institucional legítima”, explicó Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana.
Guerrero recordó que la Constitución no prohíbe la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero dijo que establece expresamente las condiciones bajo las cuales puede hacerse, incluida la aprobación de una ley formal y una consulta al pueblo.
Por eso, alertó que saltarse esos pasos debilita la legitimidad del proceso y erosiona el principio de separación de poderes.
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Entre tanto, Héctor Rojas, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, cuestionó que este tipo de propuestas, cuando no provienen del pueblo sino del poder gubernamental, envían señales equivocadas sobre la estabilidad del pacto constitucional.
“Las constituciones están hechas para durar. Deben poder evolucionar, sí, pero con criterios jurídicos claros y deliberación democrática seria”, planteó.
Las críticas también recaen en el trasfondo electoral que tendría la propuesta y que se hace más evidente, en la medida que se avecina un nuevo proceso democrático.
Al respecto, Antonio José Lizarazo, expresidente de la Corte Constitucional, consideró que el Gobierno ha dejado a un lado su verdadera función de estar atento a los problemas del país, para dedicarse exclusivamente a la campaña.
En ese mismo sentido se pronunció el también expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien opinó que la papeleta constituyente podría tener más un objetivo electoral que jurídico.
“Lo que quiere Petro es un gancho para su lista al Senado. Todos sabemos que esa papeleta no va para ningún lado desde el punto de vista legal, pero sí puede movilizar votos”, dijo.
Días atrás, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, también se refirió a la propuesta de Petro y dijo que en estos momentos no hay ninguna posibilidad de que se pueda convocar una Constituyente, excepto a través del Congreso, que es el mecanismo que estableció la Constitución de 1991”.
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“Aparte del tema de creer que todos los problemas se resuelven cambiando la Constitución, esta es una decisión claramente por fuera del ordenamiento jurídico, hay que respetar a la constitución y la ley", dijo.
En las últimas horas, el mandatario intentó bajarle la tensión a la controversia que ha desatado su propuesta y aclaró que no ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente por decreto, sino que lo que ha dicho es que el pueblo pueda “autoconvocarse”. No obstante, la polémica se mantiene.
Los pasos para aprobar una Constituyente
- Tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
- Para la aprobación de la ley se requiere del apoyo de la mayoría de los integrantes del Senado y la Cámara.
- Una vez aprobada deberá pasar a sanción presidencial.
- El presidente de la República remitirá para su revisión a la Corte Constitucional.
- La convocatoria será aprobada cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten afirmativamente.
- Luego de aprobarse la convocatoria y los temas de su competencia, dentro de los 2 a 6 meses siguientes se llamará a la elección de sus integrantes.
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