La seguridad será, sin duda, una de las prioridades que deberá asumir el próximo presidente de Colombia, teniendo en cuenta el grado de deterioro en que se encuentra y la preocupación que sienten hoy los ciudadanos a la hora de salir a la calle.
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Consciente de esa realidad y de que más allá del crimen organizado, lo que más golpea hoy a los colombianos “es la violencia cotidiana”, el exalcalde de Barranquilla y precandidato presidencial, Jaime Pumarejo, está proponiendo una reforma judicial y penal que denomina ‘Colombia sin miedo’.
Pumarejo señala que los atracos, la extorsión, los robos callejeros, los homicidios por intolerancia, las violaciones y hurtos agravados, que muchas veces se cometen con arma de fuego o arma blanca, están a la orden del día, mientras que la respuesta por parte del Estado no llega.
Por eso, el exmandatario sugiere que se tengan en cuenta varios aspectos que son indispensables para frenar la inseguridad, pero también la impunidad frente a las denuncias ciudadanas.
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“Colombia tiene aproximadamente 11 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio OCDE. Cada fiscal puede acumular más de 500 procesos activos. Más del 90% de los hurtos no terminan en condena. Además, las mafias usan el sistema para aplazar audiencias y forzar liberaciones. Más del 60% de los procesos penales no llegan a juicio oportunamente”, aseguró.
Ante este panorama, propone establecer un proceso judicial prioritario y expedito para delitos como el atraco, extorsión, tentativa de homicidio, hurto calificado, entre otros, con jueces y fiscales dedicados.
Pero Pumarejo va más allá y tras cuestionar la política de ‘Paz total’ y el marco jurídico que acaban de radicar ante el Congreso para establecer el tratamiento penal de quienes se sometan a esta nueva justicia transicional, plantea un “blindaje judicial contra la impunidad disfrazada de paz”.
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Este consiste en prohibir, por ley, que el Gobierno o cualquier autoridad suspenda capturas, condenas o penas contra criminales violentos, narcotraficantes o responsables de crímenes de lesa humanidad.
De la misma forma, considera que se deberían eliminar los beneficios judiciales para quien use armas en la comisión de delitos.
“El porte ilegal de armas debe ser tratado como delito grave. Debe implicar condena efectiva y priorización judicial. El que porta un arma ilegal representa un riesgo latente. Ya las penas existen, pero su investigación e imputación no es priorizada y quien es aprehendido con un arma de fuego no es considerado un delincuente peligroso y por ende hay altas tasas de impunidad”, reprochó el exalcalde.
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En su propuesta también se contempla la creación de centros penitenciarios rurales de bajo costo donde los reclusos trabajen para costear su manutención y resocializarse; una reforma o eliminación del Inpec y el uso de tecnología o inteligencia artificial (IA) para fortalecer el trabajo de investigación de la Policía Nacional.
La idea del precandidato presidencial, quien hace parte del grupo de exalcaldes y exgobernadores que se unieron para presentar un candidato a la Presidencia de la República en 2026, es que este proyecto de reforma judicial y penal pueda ser promovido por la misma ciudadanía y que sean ellos los que les exijan a los congresistas que lo tramiten y aprueben.
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