Integrantes de la Asociación de Desplazados de la provincia de Ocaña, Asodepo, cumplen 10 años de una larga espera para gozar de una vivienda digna ordenada a través de una acción de tutela.
Así lo dio a conocer la vicepresidente, Vianey Mora León, quien lidera jornadas de protesta para exigir a los responsables el cumplimiento de la disposición de un juez de la República.
El veredicto a favor salió en el año 2014 durante la administración del abogado Jesús Antonio Sánchez Clavijo donde se exigía a la Unidad Nacional de Víctimas, la Gobernación de Norte de Santander y el municipio de Ocaña un programa de vivienda para mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad.
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La acción popular determinó la construcción de 300 nuevas viviendas y el mejoramiento de 168 estructuras para garantizar el bienestar de las familias.
“Sin embargo, pasaron los 4 años de la señora Miriam Prado Carrascal y Samir Fernando Casadiego Sanjuán y nadie ha cumplido con las disposiciones”, anotó la lideresa social quien reclama al actual mandatario, Emiro Cañizares Plata, desentrabar el proceso.
El alcalde de Ocaña, en su reciente visita a la capital de la República expuso a la nueva ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, la situación para buscar la reparación colectiva y encontrar una salida rápida a ese déficit habitacional.
Sin lote no hay viviendas
Los desplazados reclaman celeridad en los procesos, ya que muchos de los beneficiarios han fallecido debido a la larga espera y al parecer el derecho no se transfiere al núcleo familiar.
En la administración anterior de Samir Casadiego, hoy secretario departamental de Hábitat se adelantaron los trámites con un lote ubicado en la urbanización El Hatillo, pero al final el proceso no avanzó, ya que pertenecía a la zona verde y no es apto para construcción de las soluciones habitacionales.
“Somos objeto de burla por parte de los alcaldes quienes se defienden de un posible desacato. Samir sabía que el uso del suelo no permitía desarrollar el proyecto en esa zona y nos ilusionó”, indicó la integrante de la Mesa municipal de víctimas, Miriam Sofía González Arias quien reclama seriedad en el cumplimiento de las obligaciones de salud, educación y vivienda como lo estipula la ley.
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Confían que ahora cuando ocupa la secretaría de Hábitat del departamento proceda a cumplir con la tutela. “Como Gobernación queremos participar en la solución de manera definitiva de la acción de tutela que favorece a los desplazados. Cuando fui alcalde destiné un terreno físico a través del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, infortunadamente el Ministerio de Vivienda en un concepto indica que no cumple, no con los requisitos técnicos, sino jurídicos para ejecutar el programa”, mencionó Samir Fernando Casadiego.
El Gobierno departamental asignó una partida por 550 millones de pesos bien sean para la adquisición del lote o las obras de urbanismo del mismo y finiquitar el tema.
Una tarea ineludible
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata hace seguimiento al proceso con la presencia de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría provincial, Personería, Unidad Nacional de Víctimas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en busca de una solución definitiva.
“Se había concretado un lote en la administración anterior, pero hay dificultades desde el punto de vista normativo, tuve la oportunidad de dialogar con la nueva ministra de Vivienda que fue muy clara en el concepto que si la Gobernación o el municipio logran resolver lo del predio pasamos al siguiente paso y sería la estructuración del proyecto siguiendo las obras de urbanismo”, agregó.
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El alcalde precisó que se compromete en hacer una revisión detallada para la consecución del lote o en el peor de los casos adquisición de unos terrenos para cumplir con el fallo de tutela durante los 10 años que involucra al ente territorial de Ocaña, Norte de Santander, y a la Unidad Nacional de Víctimas.
“Mantenemos los compromisos y si nos toca crear un rubro especial lo haremos, pero buscaremos salida a una situación lamentable de solicitud de las víctimas que el Estado en sus tres niveles no le ha dado cumplimiento”, recalcó.
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