“Tengo el pasaporte anulado y me da miedo de ir a una oficina del Saime a tramitarlo de nuevo”, “mi pasaporte también fue anulado pocos días después de las elecciones (presidenciales)”, comentan un activista de derechos humanos y un ciudadano común. Dicen desconocer las causas exactas de la medida que consideran injusta y arbitraria. 

Algunos ciudadanos se enteran de que su pasaporte ya no es válido ingresando al sistema del Servicio Administrativo de Identificacion, Migración y Extranjería (Saime). Otros se enfrentan a la penosa situación en el propio Aeropuerto Internacional de Maiquetía, justo antes de disponerse a abordar el avión, bien sea porque aparezca en una lista o porque algún funcionario militar o policial lo decide discrecionalmente, tras un improvisado interrogatorio, que organizaciones de DDHH, califican como ilegal.

El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, señala que la anulación arbitraria de pasaportes ha afectado a defensores de DDHH u otras personas cuya profesión u oficio esté relacionada con la reivindicación de derechos, tales como periodistas que defienden la libertad de expresión, docentes y líderes políticos, entre otros. 

Murillo advirtió que la invalidación del documento de identidad se suma a otras violaciones de derechos fundamentales en medio de una ola represiva que se consolidó en el país luego de las elecciones presidenciales de 2024, contra opositores “y quienes lo parezcan”.

¿Qué derechos son violados? 

“La anulación arbitraria de pasaportes restringe el libre tránsito, lesiona el derecho a la identidad, busca también callar voces críticas, porque se afecta el libre ejercicio de la actividad de defensores de DDHH en foros internacionales, espacios fuera del país”, subrayó Murillo.

El artículo 50 de la Constitución establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”. 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) documentó 40 casos de anulaciones de pasaportes posterior a los comicios presidenciales en los que el Poder Electoral declaró a Nicolás Maduro como presidente reelecto sin mostrar evidencias. El Centro indicó que los afectados fueron periodistas y defensores de DDHH y que 35 de ellos se enteraron de su situación en agosto de 2024.

La organización denunció incluso que en tres de los casos, el documento de identidad también le fue anulado a su núcleo familiar y calificó esta medida como una “herramienta de persecución” por parte del gobierno venezolano. Según denuncias, la situación no ha variado y se siguen registrando casos. 

«La anulación de pasaportes, sin base legal ni notificación oficial, se ha consolidado como herramienta de persecución para silenciar las voces de personas defensoras, al restringir su movilidad y el acceso a espacios de denuncia internacional», advirtió Cejil, el pasado 25 de julio. 

Murillo apuntó que en los momentos de mayor tensión política en el país se registran “picos” en la persecución y represión política, que incluye la anulación de pasaportes a determinados ciudadanos.  

“Algunos se enteran por el sistema antes de viajar, pero a otras personas se les detienen en el aeropuerto, donde se intensificó la presencia de grupos de cuerpos policiales, no solo la migratoria que es la que debería estar normalmente sino el Sebin, que tienen unas especies de alcabalas antes del chequeo en la aerolínea y someten a la gente a interrogatorios durante los cuales les confiscan los documentos. Han sido afectados familiares de las personas que son blanco de ataque. Estos interrogatorios y anulaciones no tienen base legal”, subrayó el defensor de DDHH. 

¿Qué opciones tienen los afectados?

Murillo advirtió que una anulación del pasaporte también puede ser la antesala a otras violaciones de derechos como las detenciones arbitrarias o las desapariciones forzadas. Es el caso del abogado de presos políticos y miembro de Provea, Eduardo Torres, quien lleva más de cuatro meses detenido e incomunicado. Previamente, el profesional del Derecho había denunciado la anulación de su pasaporte.

La anulación de pasaportes ha afectado tanto a ciudadanos que residen en Venezuela como a residentes en el exterior.

El coordinador general de Provea señaló que ante la falta de contrapeso institucional en Venezuela, el Estado no da respuestas ante las muchas interrogantes que surgen en medio de la anulación de pasaportes, tales como quién ordena la medida y por qué. No descarta elementos de corrupción, es decir, que se produzcan anulaciones para posteriormente solicitar sumas de dinero a cambio de volver a realizar el trámite.

Recalcó que la invalidación del documento es ilegal, arbitraria, selectiva y discrecional.  

“La persona queda en una absoluta vulnerabilidad, algunos terminan huyendo del país de alguna manera, porque la intención es sembrar miedo para que las ONG y los defensores dejen de cumplir con su misión. Venezuela está al borde de un silencio impuesto como parte de una lógica represiva que conduce al silencio de la sociedad por censura y autocensura”, expresó Murillo. 

Provea recomienda denunciar 

La ONG Provea recomienda a quienes son afectados con anulación de pasaporte a formular la denuncia ante la Defensoría del Pueblo por tratarse de una lesión al libre tránsito y a la identidad, independientemente de que por su parcialidad política el organismo no brinde respuestas a los ciudadanos. 

“Es importante siempre dejar constancia de la violacion de los derechos humanos. Hay gente que prefiere dejar pasar el tiempo porque hay listas de control que se activan en momentos de mayor tensión política y luego desaparecen. Esto afecta incluso a partidarios del mismo chavismo, es una especie de encierro involuntario”, agregó.

En mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exigieron al Estado venezolano que restituya los pasaportes a periodistas, defensores y políticos de oposición a quienes les anularon sus documentos de identidad.

«El Estado debe restituir de forma inmediata estos documentos de identidad que permiten viajar, trabajar, llevar una vida en familia, acceder a servicios de protección internacional, entre otras cosas, y cesar las prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil», exhortaron ambas instancias en un comunicado de prensa este martes 20 de mayo.

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