El perfil
Las autoridades señalaron que Miguel García, de 28 años, llevaba al menos 9 años dedicados al servicio del Eln, en la zona de frontera. Según se conoció, entre 2012 y 2014, fue el coordinador logístico del Frente Carlos Germán Velazco Villamizar; entre 2015 y 2019, tenía bajo su mando una célula urbana y también la Red de Apoyo al Terrorismo y desde 2020 fungió como el jefe de finanzas de esta estructura.
Extraoficialmente se conoció que desde los inicios de la trayectoria delictiva, ‘Siete Leches’ se encargó de conseguir y mantener los insumos para la producción de pasta base de coca en la frontera con Venezuela, así como de proveer de material bélico y víveres para los integrantes del frente urbano del Eln, en Cúcuta y Villa del Rosario, indicó el reporte judicial.
Posteriormente, cuando lideraba una célula urbana, se habría enfocado en mantener el control en las trochas que comunican a Villa del Rosario con Venezuela.
Asimismo, es señalado de ser el autor intelectual de causar temor, tras la instalación de cuatro cajas con explosivos que contenían panfletos alusivos al Eln, en el marco del aniversario de la muerte del Che Guevera.
Las cajas fueron dejadas en La Parada, en el barrio Gramalote, de Villa del Rosario, y en la ciudadela Juan Atalaya.
‘Siete Leches’ delinquía bajo las órdenes de José Benigno Guzmán Mora, alias Julián o El Rolo, líder del Frente Urbano Nacional y del Carlos Germán Velazco Villamizar.
El general Omar Esteban Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, aseguró que los detenidos se encargaban de conseguir dinero para financiar los ataques contra la Fuerza Pública en esta zona del país.
“Buscaban todos los recursos del narcotráfico con el único propósito de tener el dinero suficiente para atacar mediante actos terroristas a las unidades de Policía y del Ejército acantonadas en Norte de Santander”, aseguró el oficial.
Asimismo, insistió en que las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero de alias Alfred, presunto líder del Frente de Guerra Nororiental, del Eln, por el que el Gobierno ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos.
Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y luego de ser presentados en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez de control de garantías decidió enviarlos a la cárcel.
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