A mediados del siglo pasado cuando la financiación del sector de la salud era exigua, los entes territoriales debían ingeniárselas para poder sostener sus hospitales y clínicas. En una de esas propuestas, no tan inéditas en esos tiempos, el sector comercial de la ciudad, que actuaba bajo el auspicio de la Cámara de Comercio, propuso a las autoridades departamentales y municipales, imponer un impuesto “voluntario” de $2 por cada tonelada de mercancía y/o semovientes que entraran a la ciudad para el consumo de sus habitantes.

Este gravamen sería liquidado por los comerciantes de acuerdo con las guías que eran expedidas para autorizar el trasporte de carga, pero vigilado por unos funcionarios en el retén, pues no todos los comerciantes estaban afiliados a la Cámara de Comercio y aún así, quienes traían mercaderías a la ciudad se les solicitaba su colaboración, pues todos se veían beneficiados con estos recaudos.

A esta dependencia se le dio el nombre de Oficina de Recaudos del Impuesto para el Hospital y se le nombró una Junta Administradora.

Lo curioso de la iniciativa consistía en que era “voluntario”, aunque se había establecido un “retén” en el sitio de la Donjuana, que era la ubicación del primer puesto de la aduana y del Das (después de su antecesor el SIC) en donde los agentes sólo detenían los vehículos que transitaban por la carretera rumbo al interior del país para constatar la legalidad de la procedencia de la mercancía que ingresaba como de la identidad de quienes lo hacían, solicitando la respectiva documentación, pues la admisión de extranjeros estaba restringida y aunque no eran exigentes en ninguno de los dos casos, eventualmente realizaban requisas y detenciones.

De todas maneras, existía una “cadena” que bloqueaba el paso –en ambos sentidos-, así que los transportistas que venían del interior que ignoraban (al principio) la existencia del impuesto para los camiones que llegaban a la ciudad, les permitían su ingreso con la posibilidad de pagarlo en sus oficinas del centro de la ciudad. No se tuvo noticia, en el tiempo que duró esta contribución, que alguno se hubiera negado a pagarlo.

Desde su creación, la oficina fue ubicada en la calle 14 entre avenidas tercera y cuarta, en ese momento frente a las instalaciones del Diario de la Frontera. El personal de planta inició con tres personas, un administrador y dos oficiales de recaudos quienes eran los encargados recibir el valor de los “impuestos” y trasladarlos a la sede principal, para luego consignarlos en el Banco del Comercio, entidad en la que se manejaban todos los recursos.

En los primeros meses se tuvo que contratar un elevado número de trabajadores para impulsar las operaciones de la oficina pero terminado este plazo, la nómina se estabilizó en once trabajadores.

Los directivos de la Junta Administradora, ejercían sus labores de manera honoraria y no buscaban retribución alguna, salvo el reconocimiento público por su buena gestión. Basta mencionar el nombre de estos reconocidos benefactores designados en la primera Junta  para conocer de sus desinteresadas acciones, fueron ellos: Juan E. Ríos quien presidía la Junta; vocales: José Rafael Mejía y Pedro Moros; Revisor Fiscal, Faustino Rodríguez; Jefe de la oficina, Julio Franco Cano.

En el análisis de los primeros resultados, la Junta Administradora se dio cuenta que los recaudos podían beneficiar no solamente al Hospital local sino satisfacer un necesidad apremiante que se tenía y que no había sido posible solucionar de manera permanente.

Se trataba del control de los incendios que se presentaban con frecuencia y para lo cual no se contaba con un grupo especializado y que cuando ocurría un siniestro, algún escuadrón de la policía colaboraba, sin la dotación ni los equipos necesarios y lo que es peor, cuando las proporciones de la conflagración era mayor se buscaba la ayuda de las unidades del ejército que tenían las mismas dificultades.

Por esta razón, ante el éxito de este tributo, se decidió repartir los ingresos entre el hospital y el financiamiento de un cuerpo de bomberos que sería administrado por la misma Junta con la finalidad de que, en el curso del primer año de operación, se pudiera hacer el pedido de los equipos y maquinaria requeridos para la organización y puesta en marcha del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta.

En los informes de los dos primeros meses de operación que fueron presentados y publicados para conocimiento de la opinión pública, en lo que hoy llamamos rendición de cuentas, se dieron los siguientes resultados: Recaudos totales: $27.873.42 Costos de mobiliario de la oficina: $1.587.00 Gastos generales de oficina:  $9.249.58 Reservas prestaciones sociales $674.76 Financiación Cuerpo de Bomberos $3.272.24 Valor entregado al Hospital  $13.088.96 Suma total: $27.873.42 La justificación para incluir en la lista de beneficiarios al Cuerpo de Bomberos se sustentó en que una vez constituido, este servicio hará que las primas de seguros contra incendios, que en la actualidad pagaban los comerciantes, sufrieran una rebaja de por lo menos un 20%.

Igualmente, los elevados costos generales que se presentaron, se debió a los desembolsos iniciales que hubo que pagar para que la oficina tuviera la infraestructura y logística necesaria para operar eficientemente.

Esta oficina funcionó algunos años más, posiblemente hasta finales de la década de los sesenta, cuando la financiación de estas actividades pasó a manos del Estado, siendo incluidas en el Presupuesto General de la Nación.

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