¿Será que la comunidad internacional no se ha dado cuenta de que  los grupos armados  organizados al margen de la ley  no atienden sus alertas, alarmas y advertencias sobre el cada vez más creciente reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia?

Naciones Unidas y la justicia internacional debería tomar nota de ese comportamiento absolutamente contrario a los derechos humanos y modificar su forma de proceder frente a esta clase de hostilidad destructora de las bases familiares.

Es decir, tomar acciones más allá de las condenas y documentos recriminatorios, transformando esas decisiones en denuncias que conlleven la penalización en tribunales mundiales.

Que haya actuaciones internacionales contundentes para que por ejemplo ese delito no prescriba ni tampoco esté cubierto por posibilidades de perdón y olvido, en procesos de negociaciones de paz.

En  los organismos multilaterales así como se advierte que el Estado colombiano está en la obligación de garantizar que el Acuerdo de Paz se cumpla, lo mismo deben exigirle y advertirle fuertemente tanto a la guerrilla como a la disidencia para que saquen del conflicto armado a los niños y niñas.

Hay que buscar acuerdos con el propósito de que los cabecillas determinadores  y los combatientes que ejecutan esa clase de  operaciones sean perseguidos, porque se trata de un hecho que destruye la unidad familiar, debilita el tejido social y es generador de violencia.

Inducir a los pequeños a portar armas, entrenarlos en terrorismo, sicariato, narcotráfico  y otras operaciones delincuenciales, es una tragedia que marca generaciones.

A todos nos debe doler esto. ¿Y por qué no les duele a  los comandantes de esas organizaciones armadas? Por lo mismo, porque se sienten protegidos porque no los persiguen en el exterior para que sientan el impacto de la gravedad de ese tipo de actos. 

Si todos estamos de acuerdo en que los niños y adolescentes deben estar en el colegio y con opciones de llegar a la universidad, entonces es urgente que la comunidad colombiana también se apropie de esa defensa real de los menores de edad.

Para ello el Estado debe pasar de las palabras a la acción procurando mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables que residen en condiciones de extrema pobreza y adolecen de los recursos económicos necesarios para superarlas.

Es que ahí está una de las debilidades de las cuales se aprovechan tanto esas grupos como las bandas criminales para reclutar e instrumentalizar a los niños a cometer actos delincuenciales, ofreciéndoles supuestas oportunidades para salir de las condiciones de pobreza en que se encuentran.
El Catatumbo es uno de aquellos territorios en que el Eln y la disidencia de las Farc han perpetrado este juego perverso en el que comprometen el futuro de la niñez. ¿Será que en las negociaciones futuras con el primer grupo mencionado y en las que se adelantan con el segundo el Gobierno va a reclamarle para que entregue a los menores y les advertirá que esa trágica práctica será una línea roja que no se les permitirá seguir cruzando. Algo así debe hacerse para que estos procesos no pierdan credibilidad.  

Tan vez suene a lugar común, pero hay que insistir en que el reclutamiento infantil en Colombia es un problema persistente que afecta tanto al pasado como al presente del país.

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