Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro compartió tarima en Medellín con personas condenadas por delitos cometidos en el marco del conflicto urbano. Lo hizo en el contexto de su proyecto de ‘Paz Total’, presentándolos como gestores comunitarios y actores válidos de reconciliación.

La escena incluyó simbología asociada históricamente con grupos insurgentes, como una bandera roja con la consigna “Hasta la victoria”.

Ayer, al sancionar la nueva reforma laboral, el presidente anunció la contratación de miles de inspectores del Ministerio del Trabajo que recorrerán empresa por empresa, verificando el cumplimiento de las nuevas disposiciones. 

El objetivo: garantizar que la ley no se quede en el papel y aplicar sanciones a quienes la incumplan.

El primero, en un acto simbólico. El segundo, en uno institucional. Pero su lectura en conjunto proyecta una señal que ha generado inquietud en distintos sectores del país.

Mientras se otorga visibilidad política a actores que estuvieron al margen de la ley, se anuncia vigilancia intensiva sobre el sector empresarial formal, que —con sus dificultades— es el responsable de la mayoría del empleo, el aporte al sistema fiscal y la sostenibilidad productiva de Colombia.

La fiscalización es necesaria. La paz, urgente. Pero el desequilibrio en los gestos del Estado plantea un dilema de fondo: ¿cuál es el mensaje real que se está enviando? ¿Qué lugar ocupa, hoy, el emprendimiento legal en el imaginario del poder?

La legalidad debe ser la base de la convivencia, y el sector productivo un aliado, no un sospechoso por defecto. Las reformas que necesita Colombia deben nacer de la equidad, no de la polarización de roles.

Porque un país no puede construir paz sostenible mientras fractura la confianza entre quienes cumplen la ley y quienes gobiernan en su nombre.

Estamos ante el mundo al revés. A la sociedad se le envían señales contradictorias porque quienes han violentado la ley o cometido los peores delitos están ganando un sitial de preferencia que les ha sido otorgado por el jefe de Estado.

En ese mundo al revés, al que nos ha ido empujando el Gobierno nacional, quienes generan riqueza, pagan impuestos,  crean empleos y ayudan a construir un mejor país, desde la Casa de Nariño son señalados y amenazados con persecuciones en su contra, en lugar de acudir a la concertación lo mismo que a darles apoyo para fortalecer el tejido empresarial nacional.

Estamos en la paradoja de la complacencia y debilidad gubernamental ante quienes delinquen, y de las advertencias intimidatorias desde la institucionalidad contra quienes invierten y creen en Colombia.

El desequilibrio en los gestos del Estado plantea un dilema de fondo: ¿cuál es el mensaje real que se está enviando? ¿Qué lugar ocupa, hoy,  el emprendimiento legal en el imaginario del poder?

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