Recordemos que se firmó un acuerdo para desarmar la palabra y bajarle la intensidad a la polarización política en Colombia, máxime en instantes que reapareció un fantasma que se creía no retornaría, como es el de los atentados contra los aspirantes presidenciales.

Literalmente aquello significa que las expresiones, formas y  las maneras se modifiquen para contener las estigmatizaciones, señalamientos o  acusaciones sin fundamento desde investiduras como el del presidente de la República contra los opositores y los demás poderes públicos.

En lograr el mismo objetivo se comprometieron las altas cortes y otras instituciones con el propósito de ayudar a aclimatar un ambiente menos cargado de división y de virulentos enfrentamientos verbales.

Pero se han dado unas señales desde la Casa de Nariño que les indican a los colombianos que no del todo se está cumpliendo por parte del Ejecutivo esa palabra empeñada ante  la Iglesia católica que asumió el  papel de mediadora.

En primer lugar debemos recordar el hecho de que el presidente Gustavo Petro adoptó el famoso decretazo para intentar impulsar la Consulta Popular, el cual después terminó siendo desmontado luego de que del Congreso de la República aprobara la reforma laboral.

Sin embrago, se trató de otro momento  con gran agitación entre la institucionalidad porque, por ejemplo, se iban a emplear hasta $700.000 millones y porque se estaba pasando por encima del Legislativo que en dos oportunidades seguidas se pronunció en contra de la convocatoria de esa procedimiento de participación ciudadana.

Entonces, el Consejo de Estado se irguió para defender a las instituciones y suspendió el posteriormente derogado acto administrativo, dejando una consideración de que fue “expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución”. 

Ahí la lección es que el gobierno de Petro no está respetando la separación de poderes y cruza las fronteras de las facultades de cada uno, atribuyéndose actuaciones que no le competen y en cambio sí generan preocupación por los efectos nocivos que esto ocasiona sobre la democracia.
Y cuando todavía el país creía que ya dichas determinaciones contrarias al ordenamiento constitucional se habían congelado, apareció otra sorpresa presidencial que nuevamente ha llenado de inquietudes a los colombianos.

Saltarse otra vez  la Constitución Política de 1991 con el anuncio de la entrega de una papeleta para la  convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por parte de Petro, ya refleja  que aunque siempre se le escucha decir que respeta la Carta Magna, en realidad se la está pasando por la faja.

Resulta que al ir a consultarla, la Constitución fija la ruta específica que el jefe de Estado quiere pasarse por alto. ¿Por qué no sigue ese procedimiento, y lleva el proyecto de convocatoria al Congreso de la República  para que sea estudiado y votado?

 No hacerlo es enviar mensajes equivocados entre los colombianos. Esta clase de actuaciones generan zozobra, provocan  división y  exponen al país a peligrosas confrontaciones.

La democracia colombiana hay que protegerla. La Constitución se debe respetar y acatar de principio a fin. Las misiones y tareas de cada uno de los poderes públicos se tienen que respetar, porque lo contrario solo es un principio de asomo hacia regímenes antidemocráticos.

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