Fácil de exponer esta pregunta, pero extremadamente difícil resulta contestarla, aunque todos los obstáculos deben superarse para que la claridad se imponga y así saber quién o quiénes fueron los determinadores del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Al cumplirse dos semanas desde que sonaron los disparos en aquella tarde sabatina, esa inquietud se acrecienta en el país. Hay diversas hipótesis, son múltiples los señalamientos sin ningún fundamento, abundan las especulaciones y crecen las conjeturas.

Lo cierto es que ese interrogante tiene que ser despejado por las autoridades investigativas y judiciales haciendo el más extraordinario esfuerzo para ello.

Esa misión cobró mayor trascendencia luego de que empezara a tomar fuerza la consideración de que el ataque contra el congresista opositor es de carácter político.

Este análisis, nada menos que de la fiscal de la Unidad de Vida encargada de la investigación, quien observó que el atentado del 7 de junio sucedió “siendo el senador una persona públicamente expuesta, que había informado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en varias ocasiones, la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del Gobierno nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición”.

Hay que ir al fondo para desentrañar el entramado que se armó para descubrir los tentáculos que conduzcan a los autores intelectuales.

Saber si estuvo involucrada la mafia del narcotráfico, establecer si la disidencia de las Farc desempeñó algún rol, conocer si agentes del Estado hicieron parte del complot para atentar contra la vida de Uribe Turbay son aspectos que necesitan ser indagados a profundidad para sacar la verdad a flote, al igual que no pasar por alto las fallas protuberantes en la seguridad del precandidato. ¿Ahí hubo errores o es que algo extraño pasó?
En todos los aspectos, identificar plenamente al que dio la orden, es saludable para la democracia colombiana porque dicho ataque tiene las características de un aviso amenazante contra el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos. A aquellos tiempos oprobiosos no podemos volver a caer, cuando asesinaron. Colombia no merece seguir acrecentando la lista de aspirantes presidenciales como sucedió con Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa y Álvaro Gómez Hurtado.

Correr ese velo para determinar quién dio la orden es decisivo para enviar ante la justicia a aquellos que se confabulan contra la estabilidad nacional y, aprovechando la crisis de violencia y el enrarecido ambiente político, actúan para generar más zozobra y polarización.

Los colombianos tienen que estar preguntando a cada momento quién dio la orden, para que, como una especie de moscardón, se le esté recordando al equipo investigador que no solo deben ir a prisión el sicario y otros actores materiales, sino aquellos que están buscando llenar de violencia y sangre la campaña electoral.

Pero, además, no se puede permitir ni admitir que hechos como el del senador Miguel Uribe Turbay vayan a quedarse en procesos a medias, sin que esos poderosos que ocultos en las sombras planean, financian y activan esa clase de operaciones criminales que hieren a la democracia colombiana.

Pero, además, no se puede permitir ni admitir que hechos como el del senador Miguel Uribe Turbay vayan a quedarse en procesos a medias, sin que esos poderosos, que ocultos en las sombras planean, financian y activan esa clase de operaciones criminales, que hieren a la democracia colombiana.

No solo deben ir a prisión el sicario y otros actores materiales, sino aquellos que están buscando llenar de violencia y sangre la campaña electoral.

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