Hay hechos que, por su contexto y sus protagonistas, no admiten silencios. El viaje en mayo  del presidente Gustavo Petro a Manta (Ecuador), en vísperas de la posesión del presidente Daniel Noboa, es uno de ellos. 

No fue una visita de Estado, no tuvo agenda pública, no fue informada con antelación y, sin embargo, se realizó en una ciudad marcada por el poder de uno de los criminales más temidos del continente: Adolfo Macías Villamizar, alias Fito, jefe del grupo narco Los Choneros, capturado posteriormente en junio, y señalado como autor intelectual de múltiples hechos de sangre en ese país.

Colombia merece respuestas. No solo por la extrañeza que genera el lugar y el momento de la visita, sino por las oscuras coincidencias que rodean a Fito y a su entorno criminal. Las autoridades ecuatorianas han atribuido a Los Choneros y a su jefe nexos con asesinatos políticos de alto impacto, incluyendo el del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Investigaciones en curso en Ecuador han sugerido, además, que esta estructura delictiva ha logrado infiltrar sectores del sistema judicial y político del país, y se menciona incluso la posibilidad de vínculos transnacionales que hoy están siendo examinados por agencias internacionales.

En medio de ese panorama, y cuando aún hay heridas abiertas en la región por la expansión del narcotráfico como actor político, el presidente Petro debe explicar con precisión y sin evasivas:

•¿Qué lo llevó a Manta?
•¿Qué tipo de reunión sostuvo y con quiénes?
•¿Tuvo contacto, directo o indirecto, con personas vinculadas a alias Fito?
•¿Se reunió con él?
•¿Tuvo conocimiento previo o posterior el presidente Noboa de este desplazamiento?
•¿Por qué no se anunció oficialmente este viaje?

En Colombia, la inquietud ha escalado. A esto se suman las versiones, aún no confirmadas por autoridades oficiales, de que estructuras criminales como Los Choneros estarían explorando presencia o alianzas en zonas de frontera. Y también —como lo han insinuado sectores cercanos a la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe— la posibilidad de que esa organización esté intentando expandir su red de acción e intimidación hacia figuras políticas en Colombia.

No estamos ante una trivialidad. Estamos ante hechos que cruzan la frontera del sentido común y tocan la fibra misma de la institucionalidad democrática. El presidente Petro ha dicho que lucha contra el poder mafioso, pero una lucha así exige transparencia total, y más aún cuando las sombras del crimen organizado acechan desde múltiples frentes.

A lo anterior se suma una presunta carta de Fito en la que solicita la intermediación del Estado colombiano como garante para evitar su extradición a Estados Unidos.

En medio de la controversia ya hubo una primera declaración de Petro sobre tan delicado asunto, la cual aporta muy poco para despejar las dudas: “Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leyvada más, pero hecha por otros… no tengo ni idea quien es el tal Fito”. 

Por eso insistimos:
¿Qué hacía el presidente Petro en Manta? ¿Vio o habló con alias Fito?
Responder no es opcional. Es un acto de responsabilidad institucional. La democracia no se protege con retórica, sino con hechos y con explicaciones claras, sobre todo cuando el poder y el crimen se acercan peligrosamente.

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