Demencial es el calificativo que mejor se ajusta a lo sucedido este 4 de julio con el terrorismo desatado por el Eln, en varias regiones colombianas entre ellas Norte de Santander, para recordar la denominada ‘marcha guerrillera’ de aquel grupo, en 1964, que marcó su aparición. Irracional es lo que esta organización armada al margen de la ley está haciendo en Colombia, sembrando terror y zozobra, dejando entrever que es muy escaso el campo que le ha dejado a cualquier opción de paz.

Activar explosivos contra una patrulla policial cerca de unas torres de apartamentos, en Cúcuta, reitera que el Eln no respeta los derechos humanos en sus acciones criminales contra la Fuerza Pública para mostrar su presunto poderío militar y presencial en diversas regiones del país.

Rechazo absoluto contra la escalada violenta es la forma de advertirle a esta tipo de grupos que la voz gutural de las bombas, los fusiles y los drones explosivos no tiene cabida en la construcción de la sociedad. Esa no es la manera.

¿O acaso es normal la guerra del Catatumbo que ha dejado más de 130 muertos, en su mayoría civiles ajenos al conflicto armado? ¿Someter a la subregión a este yugo de violencia, opresión, desplazamiento y hostigamiento es un insensato proceder delincuencial?

Ese proceder de trasladar combatientes desde otras regiones como lo hiciera el Eln desde Arauca para hace cinco meses y medio entrar al estratégico territorio catatumbero actuando como una fuerza de tinte paramilitar desató persecución, muerte y abusos de toda naturaleza.

La cuestionada y fracturada política de ‘Paz Total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro surgió como elemento que catapultó el fortalecimiento de organizaciones como el Eln durante las fallidas negociaciones y el cese del fuego.

Luego de esos intentos de y a partir de la arremetida de los elenos en el Catatumbo, hasta el mismo presidente Petro advirtió, en declaraciones a un medio extranjero, que el Ejército de Liberación Nacional por sus vínculos con el narcotráfico está prácticamente inhabilitado para entender la necesidad de paz.

Los colombianos y nortesantandereanos estamos hastiados del conflicto armado y el pedido es para que la Policía, el Ejército y la Justicia actúen de manera contundente contra quienes lanzan el falso pregón de luchar por las reivindicaciones del pueblo perpetúan su accionar violento.

El ciudadano no entiende el porqué se persiste en ese desgaste institucional con organizaciones que utilizan las conversaciones de paz para burlarse del país, vigorizarse, para luego levantarse de la mesa y desatar más violencia.

A eso se le debe poner punto final y actuar con contundencia contra quienes no muestren reales intenciones de alcanzar acuerdos reales y duraderos.

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