Al seguir poniendo la lupa sobre los impactos que el conflicto armado genera en cada una de las comunidades de Norte de Santander, se advierte que los grupos armados ilegales violentan el derecho a la libertad de los pueblos indígenas.

Se trata de la vulneración de derechos fundamentales de la niñez indígena que es obligada por la fuerza a entrar a hacer parte como combatientes.

Es lamentable lo ocurrido, como lo expuso  Alexander Adora, representante de derechos humanos de esa comunidad, quien precisó que entre 2016 y junio de 2025 por lo menos 246 menores barí fueron tomados contra su voluntad para que hagan parte de las filas en dichas organizaciones armadas no estatales.

Dentro de la reconfiguración que muestran los generadores de violencia en zonas como el Catatumbo se advierte que han elevado las hostilidades contra las comunidades indígenas, irrespetando sus derechos y violentando la cultura ancestral.

Con todo lo que ha venido sucediendo en aquella subregión de Norte de Santander hay que exigirles a la guerrilla del Eln y a la disidencia de las Farc que dejen en paz a estos pueblos y no los intenten someter a sus ilegales controles políticos, militares y sociales.

Ningún municipio tiene por qué estar bajo el yugo amenazante y violento de quienes con la voz de los fusiles y de las bombas pretenden imponer su ley en los territorios y sobre las economías ilegales.

Sobre el aspecto relacionado con los barí y  las amenazas que enfrentan los niños, adolescentes y jóvenes indígenas, el hecho de caer en las manos de guerrilleros y disidentes los sustrae violentamente de sus resguardos, los aleja de su cultura y de manera abrupta los convierte en sujetos del conflicto armado.

La sistematicidad en la ejecución del delito de reclutamiento forzado contra lo barí y otros pueblos tiene que ser objeto de rechazo y de acciones urgentes por parte de la Fuerza Pública y de los organismos de justicia para rescatar a los pequeños y poner en el banquillo a los responsables.

Como ocurre en otra serie de situaciones semejantes, la denuncia ante las instituciones respectivas resulta siendo muy  baja por el temor a que los menores obligados a enrolarse vayan a sufrir represalias por parte de sus  reclutadores. 

En este aspecto es muy  recordar una  consideración que sobre estas situaciones en Colombia hiciera Francisco Calí Tzay, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas: “los testimonios de reclutamiento y desplazamiento forzado, suicidios, violencia sexual y discriminación en el acceso a la salud, la educación y la alimentación, son devastadores”.

Se necesitan resultados prontos y urgentes de  la política de ‘Paz Total’, las estrategias de seguridad para hacerle frente a esa clase de hechos violentos y los planes especiales para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con estas comunidades que sufren problemas múltiples.

El país necesita reaccionar contra quienes les arrebatan sus hijos a las angustiadas madres para darles un arma o ponerlos a hacer otra clase de roles dentro de las estructuras criminales y exigir que esa práctica sea erradicada definitivamente.

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