El presidente Gustavo Petro publicó este 8 de julio una columna de opinión en The Guardian, titulada: “Governments like mine have a duty to stand up to Israel. Far too many have failed”. En ella, llama a la comunidad internacional a tomar medidas firmes frente a lo que él denomina una catástrofe humanitaria en Gaza. La denuncia es legítima. El sufrimiento del pueblo palestino es real. Pero resulta inaceptable que, mientras se alza la voz por otras naciones, el drama que viven miles de colombianos en territorios golpeados por la violencia siga siendo ignorado por el mismo Estado que ahora presume liderazgo moral en el exterior.
En lo que va de 2025, comunidades enteras del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y el Pacífico nariñense han sido confinadas, desplazadas o silenciadas por las balas. La guerra sigue activa en Colombia, aunque desde Bogotá se la niegue. Según datos de la ONU y la Defensoría del Pueblo, más de 541 niños han sido reclutados por grupos armados ilegales en los últimos 12 meses. Solo en el departamento del Cauca, organizaciones como COCOCAUCA reportan ataques, asesinatos, amenazas y uso de minas antipersonal contra comunidades afrodescendientes e indígenas entre febrero y mayo. En el Catatumbo, Norte de Santander, cerca de 52.000 personas han sido desplazadas en lo que va del año por enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. En Arauca, los combates se han trasladado incluso a zonas urbanas, donde el miedo ha reemplazado a cualquier idea de institucionalidad.
A esto se suma un proceso de paz en crisis. La mesa con el Eln está suspendida. El cese al fuego ha sido roto. Y mientras los grupos ilegales avanzan, reclutan, cobran impuestos y disparan, la respuesta del Estado es lenta, ambigua o inexistente. La promesa de una “Paz Total” se deshace en medio del fuego cruzado.
Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿por qué el presidente decide enfocar su esfuerzo retórico, diplomático y mediático en una causa internacional, por justa que sea, cuando Colombia vive su peor crisis humanitaria desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según la Cruz Roja Internacional?
El problema no es hablar de Gaza. Es callar sobre el Naya, sobre Guapi, sobre el río Micay. Es pretender liderar el sur global mientras se pierde el control del sur colombiano. Es denunciar el bloqueo en Rafah y no decir nada sobre las carreteras minadas en Argelia. Es pedir justicia internacional para Palestina, pero permitir la impunidad en Colombia.
El deber de un jefe de Estado es proteger primero a su pueblo. La causa palestina necesita voces, sí. Pero la causa colombiana —nuestra causa— requiere acción, presencia, voluntad. No se trata de elegir entre lo uno y lo otro. Se trata de que el liderazgo ético que se predica en inglés se practique, antes que nada, en español.
Hoy, mientras el presidente escribe en The Guardian, miles de colombianos necesitan algo más que palabras. Necesitan que alguien los defienda. Que alguien los escuche. Que alguien, desde el Palacio de Nariño, recuerde que en Colombia también hay guerra. Que aquí también hay hambre, miedo y desplazamiento. Y que aquí, sobre todo, hay un pueblo que aún espera que su presidente lo mire.
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