Repudio. Escozor. Asco. Todo eso genera leer las revelaciones del diario El País de España sobre las intenciones del excanciller Álvaro Leyva de fraguar un plan para tumbar al presidente Gustavo Petro.
En La Opinión hemos sido firmes al condenar cualquier intento de vulnerar la Constitución, la ley y la voluntad democrática, venga de donde venga, y tenga el color político que tenga. La democracia no se manosea. No se torpedea desde las sombras. No se sustituye por pactos de élites, vendettas personales o delirios mesiánicos.
Lo que señala la investigación periodística es grave y exige no solo una respuesta política clara sino también una investigación judicial rigurosa.
Porque si se comprueba que Leyva —un hombre con décadas en la vida pública y hasta hace poco uno de los alfiles de Petro— quiso mover fichas para deponer al jefe de Estado por vías extrainstitucionales, estaríamos ante un hecho de extrema gravedad institucional.
Colombia no puede venir a darse el lujo de probar el peligroso sabor y aroma de las traiciones palaciegas. Esas maniobras, al final del día, ocasionan serios e irreparables daños a las instituciones legalmente constituidas.
Además, de nuevo vendrá el enrarecimiento en el ambiente político, en donde estarán quienes quieran sacar provecho de este oscuro episodio, mientras otros, sin duda, se enfrascarán en señalamientos, conjeturas y otra clase de maniobras que tampoco le hacen bien al país.
Aquí no se trata de si Petro gusta o no. De si gobierna bien o mal. De si es populista, contradictorio o polarizante. Aquí se trata de respetar las reglas del juego, de cuidar las formas, de preservar el marco democrático que tantos muertos nos ha costado construir.
La defensa de la democracia implica garantizar que quien es elegido constitucionalmente pueda gobernar hasta el final de su mandato. Y también que quien no esté de acuerdo con su gobierno tenga todo el derecho de disentir, hacer oposición, exigir transparencia y señalar errores. Pero jamás de socavar el orden democrático desde conspiraciones de escritorio.
Los discursos de odio, los extremos ideológicos y los intentos por imponer proyectos políticos a la fuerza —sean del petrismo o del antipetrismo rabioso— están haciendo un daño profundo a Colombia. Destruyen puentes, anulan los matices y justifican lo injustificable.
No hay razones ni excusas para un golpe blando, para la traición a la soberanía popular ni para jugar con candela en un país al borde de la crispación. Que el señor Leyva, si lo hizo, responda. Y que la política colombiana entienda de una vez que el camino no es la conspiración ni el todo vale.
Así no. Con la democracia, no.
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