Hace 34 años se produjo la proclamación de la Constitución Política de Colombia, el 4 de julio de 1991, llegándose hoy a estar en una discusión sobre el controversial planteamiento del presidente Gustavo Petro de incluir una papeleta en elecciones con la mira puesta en una Asamblea Nacional Constituyente.

La impresión que deja entre los colombianos esta clase de propuestas es que pareciera que se estuvieran sacando del cubilete, porque como no le funcionó la opción de la Consulta Popular que sufrió múltiple derrota en el Senado de la República, entonces se inclinó por probar otra fórmula.

¿Necesitamos, hoy, en Colombia otra Constitución?

¿Eso arreglará nuestros problemas?

¿Quién garantiza que esto no podría llevar a abrir cajas de pandora como el de la reelección presidencial?

¿Qué realmente busca el Gobierno nacional con una opción de esta naturaleza?

¿No sería mejor desarrollar la Carta Política vigente en todos sus títulos y artículos?

El presidente Petro y sus ministros del Interior y de Justicia, en este julio de aniversario de la Constitución, están llamados a contestar interrogantes como esos y aclararle al país qué les disgusta del actual ordenamiento constitucional.

¿O es que hay otras intenciones detrás de ese iniciativa? El país reclama claridad y que se expongan todas las cartas en la mesa para saber las razones reales para que se busque la convocatoria al constituyente primario.

Pero esta repentina idea llega cargada de inconstitucionalidad ¿quien lo creyera? Porque se le olvida al jefe de Estado que para una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente el Congreso de la República es una ruta que no puede evadirse tomando alguna clase de atajo.

No esta bien visto y es altamente dañino para la democracia que el representante de uno de los poderes públicos, como lo es el Ejecutivo, insista en desafiar y en pretender pasarse por alto la institucionalidad, generando lo que se conoce como la erosión de la separación de poderes en Colombia.

A los colombianos los asalta la duda sobre la razón por la cual al gobierno del Pacto Histórico no le sirven los 13 títulos y cerca de 380 artículos permanentes y transitorios de la Constitución así como sus más de 40 reformas para administrar los destinos de la nación.

Antes que lanzarse a una aventura innecesaria, la mejor opción es avanzar en el desarrollo pleno, vigencia adecuada y el acatamiento de la Carta Magna para que sea un verdadero tratado de democracia y paz y de aplicación del Estado Social de Derecho consignado en ella.

Y mientras desde la orilla presidencial se persiste en la opción de la papeleta para intentar llegar a la Constituyente, el presidente de la Corte Constitucional,jorge Enrique Ibáñez, tiene una posición opuesta a esa alternativa.

En estos 34 años declaró que la Constitución de 1991 “está viva, más viva que nunca”.

Y desde la Corte Suprema de Justicia, el presidente de esa corporación, Octavio Tejeiro, asegura que“la Carta Magna, aprobada el 4 de julio de 1991, formó un pacto social destinado a fortalecer la unidad nacional y garantizar los derechos fundamentales”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion