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Economía
¡No hay temor a expropiaciones! Celebran entrada en vigencia de acuerdo de protección de inversiones en Venezuela y Colombia
Los empresarios de ambas naciones cuentan con un marco jurídico sólido, transparente y vinculante, que garantiza la protección de sus activos y promueve un clima de negocios.
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La opinión
La Opinión
Jueves, 16 de Abril de 2026

El pasado 31 de marzo entró en vigor el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), suscrito entre Colombia y Venezuela, el cual busca fortalecer la confianza, ahora más, cuando los empresarios ven expectantes los cambios políticos que se han dado en el vecino país.

Para la Cámara Colombo Venezolana, este es un hito histórico para el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

El gremio reconoció que es un paso decisivo, el cual sienta las bases para un nuevo ciclo de integración productiva y confianza institucional.
El presidente de la junta directiva de la Cámara y exministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que el acuerdo tiene como “propósito fundamental promover y facilitar la inversión directa entre los dos países, garantizando un entorno jurídico estable, transparente y previsible que contribuya al desarrollo económico sostenible de ambas economías”.

Agregó que el acuerdo aplica tanto a inversiones realizadas antes como después de su entrada en vigor, ofreciendo así seguridad jurídica a los inversionistas existentes y a quienes decidan incursionar en los mercados binacionales a partir de esta fecha.

Con el fin de supervisar la implementación del acuerdo y promover la cooperación bilateral, se creó un Comité Conjunto encargado de velar por su correcta aplicación y facilitar el diálogo permanente entre ambos gobiernos.

“Estamos convencidos de que el APPRI constituye un instrumento estratégico que, al equilibrar la protección al inversionista con el legítimo derecho de los Estados a regular en función del interés público, abre una nueva etapa de prosperidad compartida, mayor integración económica y fortalecimiento del clima de negocios en la región”, dijo el presidente ejecutivo de la Cámara, Luis Felipe Quintero Suárez.


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Entre los aspectos relevantes del acuerdo están: 

•    Consagra el principio de trato justo y equitativo.

•    Garantiza la no discriminación y el trato nacional.

•    Asegura que ningún inversionista sea tratado de manera desfavorable frente a los nacionales del país receptor.

•    Establece que cualquier proceso de expropiación deberá obedecer exclusivamente a razones de interés público, ejecutarse de forma no discriminatoria, con pleno respeto al debido proceso y mediante el pago de una indemnización justa equivalente al valor de mercado del activo afectado.

•    Garantiza la libre transferencia de capitales, utilidades y demás pagos vinculados a las inversiones, con la única excepción de restricciones temporales que pudieran imponerse en situaciones de crisis económica severa. 

•    En escenarios de conflicto armado o disturbios graves, los inversionistas tendrán derecho a recibir un trato no menos favorable que el otorgado a los nacionales o a inversionistas de terceros países, lo que refuerza la confianza en la protección efectiva de sus activos bajo cualquier circunstancia.

•    En materia de solución de controversias contempla mecanismos robustos para la resolución de disputas tanto entre los Estados como entre los inversionistas y el Estado receptor. 

•    Las controversias entre inversionistas y el Estado podrán someterse a negociación previa, a los tribunales nacionales competentes o al arbitraje internacional bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), con decisiones de carácter final y vinculante para las partes.

•    Este instrumento incorpora disposiciones modernas en materia de medioambiente y trabajo, reconociendo expresamente el derecho soberano de cada Estado a regular en estas áreas sin que dicha regulación pueda ser utilizada como instrumento de competencia desleal para atraer inversiones.

El APPRI tiene una vigencia inicial de diez años, con renovación automática al vencimiento de ese plazo. 

En caso de que cualquiera de las partes decidiera dar por terminado el acuerdo, las inversiones existentes en ese momento continuarán bajo su protección durante un período adicional de cinco años, garantizando así la estabilidad y la continuidad de los compromisos adquiridos.


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