Entre 2022 y 2024, la acumulación de saldos fiscales a favor de los contribuyentes del carbón tuvieron una tendencia creciente y alcanzaron, en 2023, la cifra récord de $2,8 billones, recursos que el Estado ha capturado temporalmente de manera irregular.

Este situación fue dada a conocer por el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), quien recalcó que ese es el resultado de diversas medidas tributarias sin análisis técnico, como el aumento de las autorretenciones, donde la tarifa ha sido modificada en menos de 2 años, pasando de 1,6% a 2,20% y, en su última reforma, al 4,5% para la industria del carbón.

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Lo cual ha generado un anticipo sobre rentas que este año el sector no producirá, según Cante. Añadió que esas altas cargas tributarias, más la caída en los precios, reducen la competitividad de los carbones colombianos y disminuyen los volúmenes de producción en cerca de un 7%, lo cual se une a la reducción de las exportaciones, que se acerca a un 44% en lo corrido del año.

“Estimamos que para 2025, la renta anticipada pagada en exceso, producto de estas nuevas tarifas, pueda sumar cerca de $2 billones, recursos que legítimamente son de los contribuyentes y que están siendo confiscados por el Estado”, afirmó el presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

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El líder gremial resaltó que, así, crece la carga administrativa para su devolución y perjudica gravemente la liquidez de las organizaciones, limitando su capacidad de inversión, operación y generación de empleo, en una coyuntura actual de contracción de precios internacionales, caída de márgenes operativos y aumento de costos estructurales.

Para Carlos Cante, el alza en las tarifas de autorretenciones, implementada en el Decreto 0572 de 2025 y demandada por Fenalcarbón ante el Consejo de Estado, se suma a otras disposiciones, como la sobretasa a la tarifa de renta, la suspensión de las exportaciones del mineral a Israel, los impuestos al carbono y especial a la venta de carbón por el Estado de Conmoción Interior por la crisis del Catatumbo y la nueva propuesta de reforma tributaria, que buscaría volver permanentes los tributos temporales, medidas desproporcionadas que generan una “asfixia financiera a las empresas”.

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