Para la migrante Juliana Oliveros, profesional en terapista física, conseguir empleo ha sido “tedioso” desde que llegó a Cúcuta hace 6 años, porque, “al ser venezolana, eso es un impedimento”. 

Dijo a La Opinión que no tener cédula colombiana es el principal obstáculo para poder ingresar a una empresa, pese a que su estatus migratorio es legal, pues, cuenta con el Permiso de Protección Temporal (PPT) y su pasaporte sellado; “todo en regla”.

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“He tenido que negociar mis derechos laborales, porque, por el hecho de ser migrante, algunas empresas no están de acuerdo en cancelar lo de ley. Por la necesidad, he tenido que acceder a trabajar horas extras y domingo o festivos sin bonificación alguna”, indicó Oliveros.

La trabajadora manifestó que, actualmente, está en periodo de prueba en una distribuidora, como asesora comercial. “Si llegara a quedar fija no tengo beneficios de ley, solo gano por comisión”, apuntó.

Muchos migrantes, principalmente los venezolanos, no la tienen fácil al momento de conseguir empleo en Colombia, sobre todo, en el área metropolitana de Cúcuta, donde la informalidad ronda el 61,7% y el desempleo 12,5%, según los datos revelados hace un mes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Sin embargo, la Reforma Laboral aprobada viene a ponerle un freno a esas irregularidades. El director del Observatorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, sostuvo que el texto aborda una estrategia de crecimiento inclusivo basada en la integración de poblaciones clave.

“En un país donde más de 2.5 millones de migrantes, principalmente venezolanos, trabajan en condiciones informales o precarias, garantizar sus derechos laborales es tanto una cuestión de justicia como de política económica. El proyecto recoge textualmente la propuesta del Observatorio: el estatus migratorio no podrá ser usado para negar derechos laborales ni de seguridad social”, indicó Salazar.

El economista manifestó que esta medida responde a un trabajo de años junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), centrado en romper las barreras normativas y sociales que enfrentan los migrantes en su acceso al trabajo formal. 

Decisión estratégica

Aseguró que, en un mundo donde el envejecimiento de la población es un reto creciente, Colombia cuenta con un bono demográfico fortalecido por población migrante joven y en edad productiva. “Integrarlos no es solo un imperativo ético, sino una decisión estratégica para el sistema pensional y el crecimiento económico”, agregó.

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El artículo 34 de la reforma reza que los empleados extranjeros sin consideración de su situación migratoria en el país gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a las nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la Ley.

Para la investigadora en migración y frontera y docente de  la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, Neida Albornoz, la reforma será un desafío para las empresas, porque significa un incremento de los costos de la nómina, lo cual podría mermar la contratación formal e impulsar la informalidad.

“La reforma establece una medida de no discriminación laboral para trabajadores en condición migratoria, con el propósito de promover su integración en el mercado laboral formal. Sin embargo, también es un reto para el Estado colombiano, garantizar los mecanismos eficientes y efectivos con relación a la regularización migratoria de los venezolanos y demás extranjeros”, añadió Albornoz.

La directora del Centro de Investigación en Estudios Fronterizos de esa misma institución expresó que, de lo contrario, será difícil acceder al ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, el contrato a término indefinido como regla general brinda estabilidad y, para los extranjeros, representa mayor seguridad, si logran acceder a este tipo de contrato.

Otros aspectos positivos son el aumento de recargos nocturnos, dominicales y festivos, la mejora en la protección de despidos sin justa causa y el incremento de las indemnizaciones para este tipo de situaciones.

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