Mañana comienza a regir el aumento del salario de 23,7%, decretado para 2026 por el presidente Gustavo Petro hace dos días, el cual sigue generando reacciones en gremios, economistas y expertos en materia laboral.
Para la directora de Cúcuta cómo vamos, Sharyn Nataly Hernández Fuentes, el incremento excesivo ejercería presión inflacionaria y, con una tasa alta, la sociedad se verá directamente afectada.
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“Si las empresas enfrentan mayores costos laborales, especialmente en sectores que utilizan más mano de obra, como el comercio, servicios y agricultura, pueden trasladar esos costos a los precios, es decir, estos suben, tanto para los que ganan salario mínimo como para los que no; o las empresas deciden no subir más los precios y deben cerrar”, dijo la economista.
La experta destacó que existe un efecto cascada, porque el sueldo mínimo sirve como referencia para otras remuneraciones, contratos y tarifas (seguridad social, multas, servicios), lo que hace que el impacto sea mayor y llegue a quienes no devengan el mínimo.
Sharyn Hernández además sostuvo que, al aumentar el ingreso de los trabajadores, crece el consumo. Sin embargo, si la oferta o producción de bienes no responde al mismo ritmo, los precios tienden a subir, porque hay escasez.
El vicepresidente nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el cucuteño Jairo Pulecio, manifestó que sus proyecciones, bajo esta medida, apuntan a que la inflación crecería 15,7%.
Más cuesta el trabajador, más informalidad
La directora de Cúcuta cómo vamos, Sharyn Nataly Hernández, dijo que la informalidad laboral será más atractiva en la contratación y que quienes ni siquiera reciben un salario mínimo deberán realizar actividades de supervivencia, para lograr su sustento.
Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) señalaron que el alza del 23,7%, más que un avance social, podría traducirse en un riesgo significativo para los trabajadores y la estabilidad económica del país.
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El gremio explicó que el costo total de un trabajador que gana el mínimo se acerca a los $2.7 millones mensuales, mientras el ingreso que efectivamente recibe la persona ronda los $1.86 millones.
“Esa diferencia en cargas laborales es difícil de absorber para miles de Mipymes y se traduce, en la práctica, en menos capacidad para mantener puestos de trabajo, abrir nuevas vacantes o invertir. A ello se suma que parte de ese mayor costo termina reflejándose en precios más altos de bienes y servicios básicos, afectando el bolsillo de los hogares”, resaltó AmCham Colombia, presidida por María Claudia Lacouture.
La entidad gremial refirió que, en términos de competitividad, la combinación de la Reforma Laboral y el aumento salarial por encima de la inflación y de la productividad deja a Colombia en desventaja frente a otros países de la región que compiten por la misma inversión.
La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) alertó que ese aumento sobrepasa la capacidad financiera y productiva que las empresas tienen proyectado para 2026 y las pone en riesgo.
De acuerdo con el gremio de recursos humanos, la medida está muy por encima de la cifra que resultó de un reciente estudio de proyecciones salariales, donde se reveló que las 150 organizaciones consultadas en el país esperaban subir los salarios, en promedio, en 6,2%.
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Acrip instó al Gobierno a acompañar al sector empresarial en los retos que este incremento traerá, a fortalecer las estrategias de generación de empleo y a controlar que el incremento de otros gastos básicos de las familias no se rija por la subida del mínimo, sino por el indicador de la inflación, para evitar un colapso financiero.
Alza solo beneficia al 20%
Según AmCham Colombia, tal incremento beneficia a pocos y afecta a muchos, porque solo llega a cerca del 20% de los ocupados formales que gana el mínimo, mientras que la mayoría de los trabajadores, en especial los informales, no lo reciben; en cambio sufren las consecuencias del alza: mayores precios en alimentos, transporte y servicios y más dificultades para acceder a un empleo formal por el encarecimiento de la contratación.
“Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades para las mismas personas a las que se dice proteger”, apuntó.
(José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana./Foto Archivo)
El vicepresidente nacional Acopi, Jairo Pulecio, recalcó que sin duda pierden el 55% de la población trabajadora que vive de la informalidad, el 11,3% que gana menos de la remuneración mínima, los afiliados a las centrales obreras; los pensionados, porque su mesada crece al nivel de la inflación; las finanzas públicas, la inversión y la salud, que seguirá desajustándose entre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el costo de los empleados.
El director de la Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, reiteró que la medida solo impacta a la Colombia formal en industrial, pero deja atrás todas las diversas realidades.
A su juicio, las empresas no verán la posibilidad de expandir la planta laboral, incluso podrían tener en la necesidad de hacer despidos.
Salazar también indicó que los informales ven que las remuneraciones que perciben cada vez se reducen más ante las alzas del salario mínimo. Precisó que el número de empleados que ganan menos del mínimo creció 1 punto porcentual en el último año.
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“Pensar que toda Colombia es una empresa grande y que se está quedando con una gran tajada de los trabajadores y que subiendo el mínimo es como se compensaría una deuda histórica, es desconocer completamente una realidad informal y un alto desempleo, que es el doble de América latina”, aseguró el economista.
Salazar expresó que se debe repensar en cómo aumentar la productividad de las pequeñas empresas y en políticas que fomenten el desarrollo industrial, para que los salarios, en promedio, de toda la economía suban y no solamente uno por decreto (el salario mínimo).
El aumento no se ve
El Observatorio Económico de Instituto de Ciencia Política (ICP) señaló los aumentos del salario (10,07% en 2022; 16% en 2023; 12% en 2024 y 9,54% en 2025) han supuesto avances aparentes que, en gran medida, han sido neutralizados por la inflación (13,2% en 2022; 9,3% en 2023; 5,2% en 2024).
“El ciudadano gana más dinero, pero ese dinero pierde constantemente poder adquisitivo a causa de una ineficiente política fiscal y monetaria”, añadió.
La entidad añadió que el debate público dejó de lado un problema estructural, el salario mínimo equivale al 92,31% del salario mediano en Colombia; que es aquel que divide a los trabajadores en dos mitades iguales: una gana más y la otra mitad menos.
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Esto implica que la mitad de los trabajadores formales percibe ingresos cercanos al mínimo o inferiores, lo que revela que la escalera de ascenso salarial está rota.
“Compárese esto con Estados Unidos, donde esa relación es del 25%, o con países como España y Reino Unido, donde ronda el 53-61%. No hay progresión real: el trabajador colombiano difícilmente puede aspirar a salarios significativamente superiores porque el tejido empresarial, ahogado en costos y regulaciones, no logra generarlos”, expresó.
El ICP sostuvo que, en contraste, Colombia apenas alcanza un salario medio de US$364 y un mínimo de US$336. Enfatizó que la riqueza de los trabajadores no se decreta por ningún gobierno, es el resultado de una economía libre, segura y competitiva que demanda talento intensivamente.
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