La semana pasada inició en el Concejo de Cúcuta el control político a la Fundación V&C, la filial de Aguas Kpital, encargada de la operación de las pilas públicas en los barrios y asentamientos humanos más vulnerables del municipio.
En la sesión, a cargo de la comisión accidental, conformada por los concejales Carime Rodríguez, Alonso Torres, Jhon Jairo Villamizar, Édison Contreras, Jefferson Castellanos y Gimena Camacho, se reveló que la cartera pendiente por la prestación del servicio en las comunidades es de 19.000 millones de pesos.
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Por la magnitud de la deuda los corporados han resuelto convocar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta, EIS Cúcuta, para evaluar las alternativas que permitan mitigar o llevar a cero la deuda.
Y es que la situación es preocupante y demandará más de una sesión. En este contexto, el concejal Villamizar, presidente de la comisión, señaló que es un tema complejo, toda vez que la deuda acumulada se reparte en 247 pilas y en algunas es producto de moras de hasta por 10 años.
“Esa es una de las explicaciones que pedimos, por qué se dejó acumular deudas por tanto tiempo”, dijo Villamizar.
Pilas activas
Una de las inquietudes que tenían los corporados era conocer el número de pilas que están operativas en el municipio, esto en razón de las quejas que surgen entre las comunidades por la calidad en la prestación del servicio, así como por las denuncias sobre el usufructo que hacen algunos establecimientos comerciales de este modelo de abastecimiento netamente comunitario, que además es subsidiado.
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Al respecto Karen Viviana Yáñez, funcionaria de Aguas Kpital, explicó que actualmente existen 268 pilas públicas en el municipio, de las cuales 249 están activas y las otras 19 han dejado de funcionar porque la comunidad ha adelantado la instalación de acueducto y alcantarillado.
Por su parte, la concejal Carime Rodríguez, pidió conocer el número de solicitudes que hay para la instalación de nuevas pilas públicas y quien las va a autorizar.
En respuesta a este requerimiento, Yáñez señaló que hay 30 nuevas solicitudes, pero estas se encuentran paradas, toda vez que la alcaldía hizo llegar una resolución en la que informan que se está estudiando la situación.
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Asimismo, respecto al funcionamiento de este modelo de prestación del servicio de agua, se explicó que las Juntas de Acción Comunal de los asentamientos son las que hacen la solicitud de instalación, al ser sectores que no están legalizados y que no están incluidos en la inversión de ampliación, ya que en 2006 cuando se firmó el contrato 030 no existían.
Jhon Jairo Villamizar indicó que el estudio sobre las pilas públicas requerirá más de una sesión en el Concejo, en vista del número de inquietudes que existen, además de que falta escuchar a las comunidades y hacer una visita técnica a los lugares donde operan estos sistemas.
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