En 30 años se ha realizado 56 reformas a la super flexible Constitución de 1991.  La Constitución Española de 1978 de la cual copiamos tantas figuras renovadoras ha realizado dos en 43 años. La Constitución norteamericana en 234 años ha sufrido 27 enmiendas ratificadas y La Constitución de la V República Francesa del General De Gaulle ha sido reformada 19 veces en 63 años. 

Tal parece que en esta carrera de velocidad del señor presidente Duque- el último sastre-, por sus últimos dos años planos, agregue ocho propuestas sobre medidas:   Modificación a la elección del fiscal general de la Nación, de los Magistrados de las Altas Cortes, que aumenta las exigencias de experiencia a quince años.   Así mismo se aumentarán y refinarán más requisitos para elegir Procurador General, Contralor General y Defensor del Pueblo. Pero no se sabe nada de la eliminación de la politización de su elección, que ha sido el gravamen hipotecario en favor de sus escogedores en módicas cuotas de poder. 

Tampoco logrará pasar por vencimiento del tiempo la creación de la Corte Nacional Judicial, que procesará disciplinariamente a funcionarios, empleados judiciales y abogados. Incierto es el proyecto de Acto legislativo que reduce el receso legislativo a dos meses, buscando que regresen a sesiones el 16 de febrero de cada año y no el 16 de marzo. 

Pero en cuanto a la elección del fiscal general se incurre en mantener a la Corte Suprema de Justicia muy cerca de la politización, dejándole a su cargo la elaboración de la terna, para que el Señor presidente escoja.  La corte sigue con sus cuotas. 

Debiera la reforma, ya que imitamos tantos sistemas foráneos, tomar la figura del Procurador o fiscal general del sistema norteamericano y dejar que lo escogiera el Señor presidente, para evitar condicionamientos y cuotas reprochables de los magistrados, pues, al fin y al cabo, el fiscal general es quien tira línea en materia de política criminal junto al ministerio de justicia, e impulsa las políticas de represión y prevención ejecutivas, un cargo que debe iniciar su acción desde el mismo día de la  designación del gabinete. 

Otra de las propuestas de reforma Constitucional a punto de ahogarse, es la que retoma la reivindicación campesina, en una rebuscada figura de reafirmar unos derechos que hace años tienen, pero que el Estado ha venido burlando desde 1965. 

El campesino solo por ser colombiano es sujeto de derechos sin más ni más.

De dónde acá, ¿que no lo eran? Y que se les reconozca el derecho a la tierra, es elemental, pues si no son poseedores a cualquier título, por lo menos son simple tenedores con mejor derecho que cualquier otro colombiano.  

Se frustrará también el proyecto de Acto Legislativo modificatorio, que pasa las investigaciones a quienes hayan desempeñado del cargo de Fiscal General, de la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes a la Corte Suprema de Justicia. 

La mayoría asuntos adjetivos, que nos llevan a pensar que lo que hay que reformar son los artículos que van del 374 al 379 de la Constitución Política, parea no manosearla tan continuamente con reformas a la jura y volverla rígida. 

La Constitución Española que copiamos e imitamos, en un solo artículo, él 167, nos da una lección, entre otras, que en tiempos de guerra o de estados de excepción no puede reformarse la constitución política.