Carlos Fernando Galán ha tenido que enfrentar, además de los desafíos naturales de una ciudad como Bogotá, la oposición sistemática del presidente Gustavo Petro. Una oposición que, lejos de ser técnica o institucional, es ideológica y personal. Petro parece desear con todas sus fuerzas que a Galán le vaya mal. Ya lo vimos dar una batalla absurda para revivir un modelo de metro subterráneo que no fue contratado, que ya había sido descartado, y cuya modificación contractual sería abiertamente ilegal. A pesar de que la primera línea avanza a buen ritmo, el presidente insiste en imponer su visión por encima de los hechos, la ley y la lógica.

Y ahora parece estar articulando una nueva jugada. Desde hace años, Bogotá opera su sistema de recolección de basuras bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), con autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA). Este esquema permite dividir la ciudad en zonas asignadas a operadores que prestan el servicio de forma exclusiva. A cambio, la ciudad puede exigir estándares de cobertura, calidad, tarifas reguladas, rutas diferenciadas, y hasta obligaciones en reciclaje y limpieza del espacio público. Es un modelo que ha funcionado. Que permite planificación, vigilancia, inversión y equidad.

La única vez en los últimos 30 años que ese esquema se desmontó fue, casualmente, durante la alcaldía de Petro. Se lanzó a estatizar el servicio sin tener cómo hacerlo, ni con qué. Pura improvisación disfrazada de revolución.Creó una empresa pública sin experiencia, sin vehículos y sin capacidad operativa. El resultado fue la crisis de basuras de 2012: toneladas de desechos en las calles, una emergencia sanitaria y pérdidas multimillonarias. Bogotá produce más de 7.000 toneladas de residuos al día. La improvisación, como era de esperarse, salió mal. Aguas de Bogotá fue un desastre. Solo pérdidas, solo problemas. Al final, Petro tuvo que devolverles el servicio a los privados.

Años después, la ciudad volvió al modelo ASE, y hoy los contratos vigentes se vencen en 2026. Para poder volver a licitar y mantener ese esquema, se necesita un concepto previo y favorable de la CRA. Pero esa comisión —integrada por ministros del gabinete de Petro y expertos nombrados por él— ha decidido negar ese aval, argumentando que no se cumplen las condiciones técnicas para continuar con las áreas de servicio exclusivo. Es decir, si esa decisión se mantiene, Bogotá tendría que aplicar un modelo de libre competencia en el que cualquier empresa podría ofrecer el servicio directamente a los usuarios, sin concesión, sin exclusividad, y sin vigilancia integral del Estado.

Eso puede sonar moderno, pero es profundamente riesgoso. En ese esquema no hay control real, ni tarifas reguladas, ni posibilidad de exigirle a los operadores cobertura total. Lo más probable es que las empresas se concentren en los estratos altos y en los grandes generadores de residuos, donde hay ganancia segura, y abandonen las zonas populares, donde la recolección es más compleja, subsidiada y costosa. En otras palabras: volveríamos a la inequidad, a la fragmentación del servicio y al caos.

El modelo de ASE ha demostrado funcionar; tal vez sea uno de los más exitosos en Latinoamérica. Permite planificación, control, eficiencia y equidad. Gracias a él, Bogotá ha logrado mantener la cobertura en toda la ciudad, incluso en zonas difíciles o no rentables. Ha promovido inversión en tecnología, organización con recicladores y mejoras en el servicio. Desmontarlo no tiene sustento técnico. Solo político.

No es una coincidencia. Es una estrategia. Petro busca que a Galán le estalle una crisis de basuras en plena campaña presidencial. Ya no solo obstruye proyectos clave, ahora bloquea herramientas de gestión para forzar a la ciudad a repetir su propio fracaso.

Ojalá la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, no se vaya. Ha sido una funcionaria honesta, rigurosa, que ha enfrentado uno de los cargos más difíciles del Distrito con firmeza y transparencia. Bogotá no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado. Mucho menos por un capricho presidencial.

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