La Procuraduría hizo un nuevo llamado de urgencia para que se garantice la protección diferenciada y colectiva de los pueblos indígenas de Cauca, debido al escalamiento de las agresiones y el deterioro de la seguridad, particularmente en Caldono, Inzá, Páez, Silvia y Toribío.

El pronunciamiento se basa en el informe trimestral de afectaciones a la vida y el territorio elaborado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, que retrata las afecciones a esa población entre enero y marzo de 2025. Y en la cual se reportaron 83 víctimas de diferentes formas de violencia, que incluyen 17 asesinatos, 18 casos de reclutamiento forzado y 14 desapariciones.

Lea aquí: Gobierno Petro quiere cambiar subsidios de energía y gas: ya no dependerán del estrato sino del Sisbén

Por eso, la Delegada para Asuntos Étnicos solicitó al Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) considerar la adopción de medidas culturalmente adecuadas y colectivas, más allá de los esquemas individuales, así como fortalecer los mecanismos de articulación con las autoridades indígenas, permitiendo así la construcción de rutas efectivas de protección territorial, espiritual y organizativa.

Asimismo, el ente de control requirió a la Fiscalía General de la Nación información actualizada sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los crímenes de William Pavi Ramos, Edgar Tumiñá Gembuel y Lorenzo Muse, entre otros.

Ante la ola de violencia de la que son victimas, la JEP ordenó hace un par de semanas más de 25 órdenes urgentes. “Entre las principales denuncias se encuentran los asesinatos, el reclutamiento forzado, el desplazamiento, el confinamiento y la destrucción cultural”, indicó en ese momento el magistrado de la JEP, Raúl Sánchez.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en:  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion