El 27 de febrero y el 11 de marzo se llevarán a cabo las audiencias de imputación de cargos contra Ricardo Roa, por tráfico de influencias, y Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites y diplomas en la Universidad San José.

En el caso de Roa la Fiscalía busca establecer si habría utilizado su posición y cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la adquisición del inmueble, una operación que despertó alertas por sus condiciones y por el momento en el que se realizó.

El ente acusador investiga una presunta retribución a Juan Guillermo Mancera, quien obtuvo contratos en Ecopetrol tras haber facilitado la compra del apartamento de Ricardo Roa.

Para el ente investigador, la secuencia de hechos desvirtúa cualquier “coincidencia” y apunta a un supuesto uso indebido del cargo, donde se habrían pagado favores privados con recursos y decisiones públicas una vez Roa asumió la presidencia de la petrolera.

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En diciembre de 2022, Roa cerró el negocio del apartamento 901 en Bogotá; apenas cuatro meses después, en abril de 2023, se posesionó como presidente de Ecopetrol.

El apartamento era propiedad de una firma del petrolero Serafino Iacono, pero los pagos salieron de la chequera de una empresa del coronel (r) Mancera.

Este nexo se reactivó en marzo de 2024 bajo la administración de Roa, cuando una compañía vinculada a Iacono recibió los derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9. Así, un activo estratégico del sector energético colombiano terminó adjudicado en medio de una red de favores cruzados que nació, presuntamente, en la sala del apartamento 901.

Frente al anuncio de la Fiscalía, la defensa de Roa, encabezada por el abogado Juan David León Quiroga, salió al paso afirmando que hasta el momento no han sido notificados por el ente acusador.

“No vemos necesario que lo haga... Hasta este momento no ha cambiado en ningún sentido la situación jurídica del doctor Roa”, dijo Juan David León, su abogado, en diálogo con BLU Radio.

León reiteró que su cliente “no está obligado a renunciar” y la presunción de inocencia se mantiene intacta.

En la otra imputación, anunciada por la Fiscalía, todavía no se conoce fecha. Se trata de un proceso que se centra en la violación de topes de campaña. Roa, quien fue gerente de la campaña del Pacto Histórico, está siendo investigado por superar los límites legales de financiamiento previstos para este tipo de eventos electorales.

Fiscalía y el caso Juliana Guerrero

El ente acusador anunció ayer que en el caso de Juliana Guerrero indaga sobre los trámites que adelantó para obtener sus títulos irregulares de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable en la Fundación Universitaria San José.

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Estos títulos, obtenidos para acreditar experiencia en el proceso contractual como viceministra de Juventudes, fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin cumplir con los requisitos legales.

“La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso”, dijo la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo.

Hay que recordar que Pedraza reveló facturas de la DIAN que demuestran que Guerrero pagó aproximadamente 8 millones de pesos por dos títulos en la Fundación Universitaria San José.

Las tres facturas (matrícula en gestión contable, matrícula en contaduría y derechos de grado) se emitieron después de que los títulos ya habían sido otorgados el 1 de julio de 2025, lo que sugiere una presunta operación de regularización académica ficticia.

En este caso, precisamente, se confirmó que el pago de Guerrero fue hecho directamente a la Fundación San José, como se observa en la factura siguiente, donde se muestra que el vendedor fue “Fundación de Educación Superior San José”.

Se confirmó que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio por ley para graduarse, y según testimonios de la propia universidad, nunca asistió a clases. En noviembre de 2025, la institución educativa retiró formalmente los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable tras admitir las irregularidades.

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Fundación San José se pronuncia

Este martes la Fundación Universitaria San José expresó que “desarrolla su labor académica con apego a los principios de legalidad, transparencia, y responsabilidad institucional”, y señaló que llevaron a cabo un proceso de auditoría interna para “realizar una revisión minuciosa de sus procesos institucionales”.

Además, informaron que el lunes 9 de febrero realizaron la entrega de resultados y conclusiones preliminares de esa auditoría a la Fiscalía General de la Nación “como resultado de las anomalías previamernte detectadas y denunciadas por la propia institución”. Con esto, afirman, esperan contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades.

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