La Defensoría del Pueblo reveló este lunes que entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2025 fueron asesinados 165 líderes sociales y 37 firmantes de paz, un balance letal que se agravó con la comisión de 75 masacres que dejaron 247 víctimas y que llevó a la entidad a sentenciar que en Colombia "la defensa de los derechos en el territorio no puede seguir costando vidas".
El organismo de control presentó un radiografía de la violencia que azota al país, advirtiendo que "los líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz siguen siendo perseguidas y sus voces continúan silenciándose". El reporte evidenció que la violencia letal no dio tregua durante los primeros once meses del año, acumulando un total de 202 asesinatos selectivos contra estas poblaciones protegidas, bajo la premisa inquietante que la entidad plasmó en sus campañas visuales: "¿Por qué nos matan?".
El informe detalló que de los 165 casos confirmados de homicidios contra el liderazgo social, 143 correspondieron a hombres y 22 a mujeres. La cifra alimentó un registro histórico devastador: desde enero de 2016 hasta el cierre de noviembre de 2025, el Estado tiene registro de 1.653 casos, lo que demostró que el asesinato de defensores se convirtió en una práctica sistemática y no en hechos aislados.
La distribución geográfica de estos crímenes señaló al departamento del Cauca como el epicentro de la tragedia, con 36 liderazgos apagados violentamente. Le siguieron Antioquia con 21 casos y el Valle del Cauca con 17, configurando un corredor de muerte en el suroccidente y noroccidente del país. Norte de Santander (10) y Nariño (9) también figuraron como zonas de alto riesgo para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
El comportamiento mensual de la violencia contra este grupo poblacional mostró picos alarmantes. Marzo se posicionó como el mes más letal con 20 asesinatos, seguido por febrero y noviembre, cada uno con 18 casos, lo que indicó que la intensidad del conflicto se mantuvo constante a lo largo del año.
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Paralelo a la persecución contra el liderazgo social, la Defensoría alertó sobre la vulnerabilidad extrema de quienes dejaron las armas. Entre enero y noviembre se registraron 37 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz. La violencia contra este sector se concentró en zonas de frontera y disputa territorial: Norte de Santander y Arauca encabezaron la lista con 6 casos cada uno, seguidos por el Cauca con 5 y el Caquetá con 4.
La dinámica de estos ataques mostró un inicio de año particularmente violento, pues enero reportó el mayor número de víctimas con 9 casos, seguido de un descenso y repuntes esporádicos en julio y septiembre.
El informe incluyó un capítulo desolador sobre la violencia colectiva. Se confirmaron 75 masacres que cobraron la vida de 247 personas. El análisis geográfico de estos eventos reveló una estrategia de terror concentrada en el Valle del Cauca, departamento que sufrió 16 de estos hechos, la cifra más alta del país. Antioquia reportó 12 masacres y Norte de Santander 9, completando el triángulo de territorios donde los grupos armados impusieron su ley a sangre y fuego.
Agosto fue el mes más crítico para la población civil en términos de masacres, con 15 eventos registrados, un pico de violencia que contrastó con meses como febrero, que reportó 2.
Ante la contundencia de las cifras, la Defensoría del Pueblo concluyó que "el panorama en Colombia continúa siendo alarmante" y reiteró la urgencia de detener el desangre, enfatizando que la labor de quienes defienden la vida y construyen la paz no puede seguir siendo su sentencia de muerte.
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